El futuro de la carrera Séptima sigue siendo confuso. A pesar de los intentos del Concejo de Bogotá de hacer control político a la contratación por 89 mil millones de pesos, con la que se buscaba la construcción de Transmilenio por ese corredor vial, todavía es incierto qué pasará con ese polémico contrato.
María Fernanda Rojas, directora del IDU, afirmó frente a los señalamientos de los concejales que desde el 17 de mayo se han realizado reuniones entre representantes del Distrito y el contratista, Sainc, las cuales “se han intensificado en los últimos días, ante la proximidad de la fecha de vencimiento de la suspensión del contrato”.
La funcionaria explicó que la idea es lograr un acuerdo bilateral, aunque de no lograrse se tomaría una decisión unilateral. Dijo que en los próximos días se entregará un completo informe de actividades.
“En la revisión que nosotros hemos hecho técnicamente, este contrato, que hoy llega a un monto de 89 mil millones de pesos para poder ser ejecutado requeriría una inversión adicional no contemplada hasta hoy, solo en tema de redes, de 29 mil millones de pesos”, explicó la directora del IDU, quien a su vez señaló la necesidad de invertir 15 mil millones más para Planes de Manejo de Tráfico.
En este sentido, puntualizó en que para la culminación del contrato con las terminaciones adecuadas se requeriría un total de 72 mil millones adicionales a los 89 mil millones iniciales del contrato.
El personero de Bogotá, Ricardo Cañón, ha dicho que la Administración Distrital todavía no ha definido si prorrogará dicha suspensión o si por el contrario lo liquidará definitivamente.
Ha señalado que en la estructuración del contrato hay varios otrosíes y que el último fue de septiembre del año pasado en donde se establecieron unos compromisos donde el IDU debía informar al contratista antes de que se le hiciera la suspensión acerca de cómo se reiniciarían las obras, pero, según Cañón, nada de esto se ha hecho.
Explicó que existen una serie de propuestas de asociaciones públicas privadas, pero que no pueden ser consideradas sino hasta el momento en que no exista el contrato, es decir, que esté liquidado.