Un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, según el cual el Distrito y la Secretaría de Movilidad tienen un plazo de cuatro meses para poner en funcionamiento el Sistema Integrado de Transporte, varias veces anunciado y otras tantas aplazado, se convirtió en el más pesado fardo que ha tenido que soportar el alcalde Samuel Moreno Rojas desde que llegó al Palacio de Liévano, el 1º de enero del año pasado. “El asunto es de tal gravedad, que el incumplimiento de este fallo podría acarrearle serias sanciones al Alcalde, incluyendo prisión”, explicó ayer el abogado demandante, Eduardo Tovar Áñez.
La providencia, literalmente, determinó que “en el término de cuatro meses, a partir de la ejecutoria de esta providencia, culmine con la adopción de actividades y recursos necesarios para la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado de Transporte público”. Tovar Áñez basó su demanda en el Decreto 319, artículo 19 de 2006, que dentro del Plan Maestro de Movilidad para Bogotá consagró una etapa de transición de 12 meses a partir de la expedición de ese decreto para el funcionamiento y la entrada en operación del SIT.
El Distrito y la Secretaría de Movilidad consideraron, en respuesta a las primeras demandas recibidas en agosto de 2008 bajo recursos de acción de cumplimiento, que no habían existido incumplimientos, que habían respondido oportunamente a las peticiones presentadas por el demandante y que el término referido en el artículo 19 debía entenderse como el tiempo previsto para establecer mecanismos que permitan de manera organizada y armónica iniciar el proceso de integración y democratización del transporte público. Por último, adujo que tanto el cronograma previsto en la ejecución del contrato, como la duración del mismo, se modificaron por revisiones periódicas, ajustes y por el cambio de administración.
El segundo fardo que ennegreció el día de Moreno fue la notificación, a las cinco y treinta de la tarde, de que el Consejo Nacional Electoral le había abierto un proceso de investigación preliminar por presunta violación de los topes en cuanto a la inversión de recursos que son permitidos en las campañas de elecciones locales en Colombia, un proceso que implica la búsqueda de fundamentos para iniciar una investigación formal. El proceso fue abierto a raíz de la denuncia de un ciudadano, motivada por los rumores que involucraron a la campaña de Moreno Rojas con dineros o favores del grupo DMG, y las sanciones, en caso de que se compruebe la violación de topes, y según el artículo 109 de la Constitución Nacional, podrían ser pérdida de investidura o de cargo.