Tras recuperar este lunes la facultad de contratar las obras que su comunidad demande sin necesidad de acudir a las Unidades de Ejecución Local (UEL), la nueva preocupación de los 20 mandatarios menores es con qué personal van a cumplir las funciones derivadas de dicho cambio, que van desde organizar los procesos de contratación, verificar los términos de referencia, costos y procesos contractuales, hasta temas de control posterior.
Los mandatarios menores están de acuerdo en que son ellos y no las UEL quienes deben encargarse de la contratación local. De hecho, participaron del equipo de trabajo que elaboró el decreto con el que el alcalde mayor, Samuel Moreno, les regresó esa función, perdida desde la administración de Enrique Peñalosa. Entre los argumentos que tienen para apoyar el cambio está el hecho de que el tema de la contratación de 2009 apenas se despejó en diciembre. Dicha tardanza genera traumatismos administrativos, pues de nada sirve que la alcaldía local esté al tanto de los problemas si no puede resolverlos.
A partir de este lunes ya no dependerán de las UEL, pero eso no significa que tengan más o menos fondos para gobernar. “Los fondos son los mismos. Siempre han estado ahí. Ahora lo que vamos a tener que hacer es un mayor seguimiento”, dijo la alcaldesa de La Candelaria, Xinia Rocío Navarro.
Para Blanca Inés Durán, alcaldesa de Chapinero, la percepción de que la contratación en las alcaldías locales era funesta, es equivocada. Si no, por qué el director del IDU de la administración Peñalosa terminó investigado. Puede haber fallas porque en ocasiones los funcionarios locales están menos capacitados, pero la solución no es quitarles la competencia, sino capacitarlos mejor”. Además, “hoy tenemos una contabilidad actualizada y moderna para enfrentar el reto de asumir esta autonomía”, como dice Rubén Darío Bohórquez, alcalde de la localidad de Suba.
Con la nueva medida, los alcaldes locales tendrán poder para gestionar $837 mil millones del presupuesto distrital, de los cuales, $412 mil millones serán destinados a pagar compromisos fiscales adquiridos.