El secretario de Gobierno (e), Jorge Rojas, reconoció que en el Fondo de Vigilancia y Seguridad (FVS) hay graves problemas de corrupción y le pidió a los organismos de control investigar las denuncias que se han hecho con respecto a irregularidades en contratación.
«Nos gusta el debate citado por el Concejo de Bogotá. Bienvenidas las críticas y los argumentos. Coincidimos con los planteamientos de algunos concejales con respecto a que los entes de control deben presentar resultados por las irregularidades en contratación», señaló Rojas.
Agregó que «hay problemas de corrupción enquistados desde hace vario tiempo, desde que comenzó a gobernar esta administración le pusimos el ojo a esta entidad».
Rojas también se refirió al nombramiento de Polo Ávila Navarrete, como gerente del FVS sin cumplir los requisitos para el cargo, y puntualizó que la Personería y la Procuraduría debe investigar los hechos para que se conozca toda la verdad y se tomen las medidas que correspondan.
Durante el debate, la concejal Clara Lucía Sandoval le pidió a los organismos de control presentar una respuesta concreta por las denuncias que se han hecho, relacionadas con contratación sin requisitos legales y con sobrecostos.
«Buscamos que no caduque la acción fiscal y se pueda enjuiciar a los responsables», dijo la cabildante.
A comienzos de este año, El Espectador reveló que en octubre y noviembre del año pasado llegaron al despacho de la entonces exalcaldesa encargada, Clara López, dos documentos firmados por Mario Solano, excontralor de Bogotá. Las dos comunicaciones tenían como referencia la misma entidad: el Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito (FVS). Las dos compartían una misma palabra: “Riesgo”. Una hablaba de un contrato de $13 mil millones; la otra, de $4.400 millones.
Con un presupuesto de $1,2 billones durante los últimos cuatro años, el FVS provee a las entidades de seguridad en la ciudad —tanto militares como policiales— parte de la infraestructura y los recursos necesarios para sus labores.
Los dos contratos auditados —uno para la compra de cámaras de vigilancia a la firma Verytel y el otro para la contratación del mantenimiento de los carros de la entidad con la firma Auto Express Morato— formaban parte de una larga lista de contratos firmados por el FVS, que durante los últimos meses se han convertido en el centro de una exhaustiva investigación por parte de los auditores de la Contraloría.
La advertencia de noviembre suscitó un crudo cruce de cartas entre el excontralor y Mauricio Solano, exgerente del Fondo. El segundo le recriminaba al primero la ausencia del sustento técnico de su informe y ponía en duda la legalidad de sus procedimientos; el primero le alegaba el sustento de los operativos y ratificaba que actuaba en la norma. Dentro del Fondo se comenzó a hablar de una guerra política en contra del director de la entidad; dentro de la Contraloría, se hablaba de papeles desaparecidos y obstrucción a los procesos de auditoría.
$170 mil millones es el presupuesto con el que cuenta la entidad durante 2012, recursos que fueron aprobados por la administración pasada.
27 es el número de empleados de planta con el que cuenta el Fondo de Vigilancia y Seguridad. Se estima que los contratistas son 445.