La alcaldesa Mayor de Bogotá (D), Clara López Obregón, en compañía de la secretaria de Gobierno, Mariella Barragán Beltrán, el gerente de Transmilenio, Fernando Páez Mendienta, el subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, coronel José Javier Vivas, y los operadores del Sistema, aseguraron que está listo y coordinado el plan de contingencia para garantizar el servicio de transporte con normalidad a los bogotanos y bogotanas. La mandataria de los capitalinos señaló que “seremos firmes con el pleno respeto a los Derechos Humanos, pero hemos diseñado un Plan de Contingencia para proteger el derecho de los ciudadanos a la movilización. El Gobierno de la ciudad considera que el Transmilenio es intocable, toda vez que es un servicio público esencial. Las protestas son bienvenidas porque son un derecho constitucional, pero dentro de los caminos de la convivencia”. Por su parte, el subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Coronel José Javier Vivas, indicó que se ha previsto un Plan de Contingencia que consiste en un acompañamiento durante toda la noche y en horas de la madrugada a las rutas del sistema masivo. Se verificará su correcto funcionamiento y habrá personal de inteligencia para detectar cualquier anormalidad que se pueda presentar, o para identificar a las personas que pretendan interrumpir el desarrollo normal de transmilenio. Vivas agregó que “este acompañamiento también se realizará en los portales desde las primeras horas del día, con el fin de evitar que presenten bloqueos al sistema. También se hará presencia en los patios para que los conductores puedan sacar libremente sus vehículos sin que se presenten novedades”. La Policía Nacional estará atenta a cualquier sabotaje del sistema y en caso de que alguna persona realice acciones que se encuentren enmarcadas dentro de las causales de judicialización de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, procederá en forma inmediata, conforme a la Ley. En ese sentido, el subcomandante de la Policía Metropolitana indicó, “la nueva Ley de Seguridad Ciudadana en sus artículos 353 y 353A, respecto a la perturbación al transporte público y actos de vandalismo hacia el mismo, contempla penas que van de los 2 a los 8 años de prisión y multas entre los 13 y los 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes”. A su vez, la Secretaria de Gobierno, Mariella Barragán Beltrán, anotó que “no se puede generar zozobra entre la ciudadanía sin haber hecho un pliego de peticiones. Se rechaza la manera como están actuando, pues es inaceptable que no hayan acudido primero a la Gerencia de Transmilenio o a la Secretaría de Gobierno. Los espacios para el diálogo están abiertos”. Por su parte, Fernando Páez, gerente de Transmilenio, expresó que actualmente el sistema cuenta con 4.607 conductores, entre articulados y alimentadores que, sin duda, han mejorado su calidad de vida con el ingreso al sistema, por lo que considera injustificada las amenazas anónimas de un paro y reiteró que siempre existen canales para el ejercicio de la libre expresión, sin que los intereses de unos pocos afecten los derechos de la ciudadanía bogotana. El vocero de las empresas operadoras, Victor Raúl Martínez, reiteró que lo primero es el servicio y la atención a la ciudadanía y esto debe prevalecer sobre cualquier interés. “En este sentido, las empresas han hecho una gestión responsable no solo con sus empleados, respetando sus derechos y garantizando de manera permanentemente los espacios de diálogo, sino con el desarrollo del transporte de la ciudad”, puntualizó Martínez.