En 2014 las alcaldías locales ejecutaron, en promedio, 30 de cada 100 pesos del presupuesto que les asignaron. Se trata de un balance pobre que la Veeduría Distrital atribuye en su más reciente informe a la falta de planeación. Y esto no sólo por negligencia, sino porque las administraciones de las localidades tienen personal insuficiente que, para rematar, cambia con frecuencia y genera inestabilidad.
Pasada la rendición de cuentas del alcalde mayor, Gustavo Petro, realizada el jueves anterior, hoy el turno es para las 20 administraciones de las localidades. En conjunto, en 2014 tenían un presupuesto disponible de $704.052 millones, pero de esos recursos giraron sólo $208.744 millones para ejecutar contratos, es decir, apenas el 30%.
La Alcaldía tiene dividido su Plan de Desarrollo en tres ejes en los que a su vez se distribuye la ejecución del presupuesto. Si se mira uno por uno para el caso de las administraciones en las localidades, se encuentra que el más quedado es el relacionado con el enfrentamiento del cambio climático, que incluye movilidad y gestión del riesgo (24,5%), y lo sigue la superación de la segregación, en la que está el ejercicio de libertades culturales y deportivas (27,3%). El más avanzado es el de defensa y fortalecimiento de lo público, que incluye el fortalecimiento de las funciones administrativas (48,5%).
La Veeduría explica esa ineficiencia de tres maneras. Primero, cada año se presenta una situación similar que lleva a los alcaldes, prácticamente, a ejecutar dos presupuestos en un año: el de la vigencia actual y el que les queda pendiente de las anteriores. Segundo, y como ya se anotó, hay escasos funcionarios que duran poco en sus cargos, “lo que genera impedimentos en la formulación de proyectos y en el cumplimiento de los planes de acción y de contratación”. Tercero, la contratación se lleva a cabo generalmente entre octubre y noviembre de cada año, lo que pospone “la entrega de bienes y servicios a las comunidades”.
Sandra Rodríguez, alcaldesa de Tunjuelito, pone el ejemplo perfecto. Esa administración arrastra obligaciones adquiridas incluso hace 16 años, en algunas de las cuales no se ve una salida debido a enredos jurídicos. “Es verdad”, agrega, “la capacidad operativa de las alcaldías locales es muy baja y tenemos muy pocos funcionarios para muchas tareas”. A eso agrega que el año pasado debieron acoplarse a normas nuevas que los llevaron a invertir más tiempo en capacitaciones. Sin embargo le pide a la Veeduría que reconozca el esfuerzo por cumplir los compromisos pendientes de otros años, pues al menos en su caso, dice, los ha bajado en 60%.
César Moreno, alcalde de Puente Aranda, oficia como mandatario encargado en Kennedy desde agosto de 2014. Cuenta que cuando llegó a esta localidad, ante la suspensión del titular, la ejecución rondaba el 14%, por lo que trató de ponerse al día a final de ese año. “Nuestra mayor dificultad es el cúmulo de funciones que tenemos concentradas”, indica. “Una alcaldía local debería contratar más personas, porque a nosotros no nos queda tiempo para la planeación, la contratación y demás procesos administrativos. Se debe buscar que el alcalde no tenga que estar pendiente de todos los procesos”.
La Veeduría también hizo un corte de cuentas de los Planes de Desarrollo Local (PDL), que tienen vigencia de 2013 a 2016. Es decir, a 31 de diciembre de 2014 su cumplimiento debería ir por la mitad. La conclusión fue que el “avance en las metas tiende al nivel esperado, aun cuando hay que señalar que existe un porcentaje considerable de metas que se encuentra en un nivel bajo de avance” (ver gráfico). Las localidades que van más adelante en el cumplimiento de la contratación entregada son Usme, Suba y Engativá; las más rezagadas, San Cristóbal, Tunjuelito y Kennedy.
A este balance hay que sumar el realizado a la Alcaldía Mayor que la Veeduría ya había presentado a comienzos de este mes, en el que concluyó que aquélla no ha cumplido 65% de los grandes programas y que del cupo de endeudamiento que el Concejo le aprobó por $3,8 billones apenas ha comprometido 1,7%. Dado que la crítica se presentó particularmente en el sector movilidad, el Distrito respondió que se trataba de obras que requerían de procedimientos previos complejos antes de su ejecución.
El reto para cumplir es mayor este año, pues por cuenta del proceso electoral entra a regir la Ley de Garantías, que restringe la contratación desde el 25 de junio próximo. Pero más allá de la coyuntura, está claro que hay fallas estructurales que es necesario corregir para que la plata de los bogotanos se refleje en inversiones.
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