En la polémica que se ha generado desde que el alcalde Gustavo Petro fue destituido por la Procuraduría, e inhabilitado por 15 años para ejercer cargos públicos, el fiscal general Eduardo Montealegre ha aportado posturas tan controversiales como la propia decisión del Ministerio Público. La última, esgrimida ayer en entrevista con Yamid Amat para El Tiempo: que el presidente Santos difiera la decisión final del procurador Alejandro Ordóñez —suponiendo que la sanción se mantiene— teniendo en cuenta, por ejemplo, las tutelas que se han presentado en defensa de los derechos fundamentales del alcalde.
El Espectador consultó a Alfredo Beltrán, el exmagistrado de la Corte Constitucional quien, precisamente, cuestionó ante ese alto tribunal la facultad del procurador para sacar de su cargo a un funcionario elegido democráticamente como la exsenadora Piedad Córdoba. “Aplazar el fallo no es una posibilidad prevista en la ley”, señala el constitucionalista. No obstante, asegura que si después del fallo alguna de las tutelas resultara favorable para el alcalde Petro, éste “debería ser reintegrado de inmediato”.
Beltrán dijo en su momento a la Corte Constitucional que según la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Colombia hace parte, sólo un juez —la Procuraduría es una autoridad administrativa— podía revocar los derechos políticos de un ciudadano, argumento también usado por Petro desde que se conoció su destitución. La corporación, sin embargo, respondió entonces que la Convención no reñía con las leyes nacionales que contemplan las sanciones disciplinarias de la Procuraduría.
Aun así, Beltrán sostiene que las “perplejidades” que atraviesan Bogotá y el Estado mismo a raíz del caso Petro son una buena razón para que la Corte Constitucional “reinterprete” los alcances del Ministerio Público, sobre todo teniendo en cuenta la condena de la Corte Interamericana de DD.HH. contra Venezuela luego de que Leopoldo López, exalcalde, fuera despojado de sus derechos políticos por una autoridad no judicial. Ese proceso no se evaluó en la tutela de Piedad Córdoba. El exmagistrado, al igual que Montealegre, cree que el sistema interamericano sí podría pedirle a Colombia que cambie sus normas con respecto a la Procuraduría.
Pero así como este jurista discrepa sobre la idea del fiscal Montealegre de que el presidente le dé largas a la sanción de Petro, discrepa también con la posición petrista de que el presidente de la República podría modificarla o incluso dejarla sin piso. “La posibilidad de cambiar el fallo no existe. El artículo 323 de la Constitución está redactado de forma imperativa, dice que el presidente ‘suspenderá o destituirá’. Lo que pasa es que es un acto complejo. Falta ver en qué termina el asunto en la Procuraduría, porque hay que recordar que la decisión no está en firme”.
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