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Auditoría vigilará investigaciones de contratación en Bogotá por $532 mil millones

Un comité especializado de 10 auditores revisará los procesos que adelanta la Contraloría Distrital en este sentido.

29 de junio de 2010 - 06:55 a. m.
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La Auditoría General de la República iniciará acciones de control a los procesos y asuntos que en materia de contratación pública conoce la Contraloría de Bogotá. El auditor Iván Darío Gómez Lee espera verificar el estado de las diferentes investigaciones que en materia fiscal adelanta dicho organismo y las decisiones que se han proferido en temas relacionados con el control de la contratación.

En las próximas horas se inicia una auditoría especial en la que participarán 10 auditores que verificarán las actuaciones de control efectuadas por esa Contraloría sobre los principales contratos de obra en Bogotá.

La iniciativa busca: analizar el debido trámite a los hallazgos y las denuncias que en materia contractual se hayan generado; determinar si hay actividad o morosidad procesal; levantar un diagnóstico de la forma como vigila la contratación de sus vigilados, por ejemplo respecto del buen manejo de los anticipos; y efectuar una evaluación de la efectividad de tal control, con especial énfasis en los contratos que reportan retrasos.

"Bogotá es una de las que más incrementó su gestión con apertura de procesos, con 200 mil millones de pesos en 2009 y un consolidado que asciende a más de 532 mil millones. Sin embargo, el año anterior solo profirió fallos por 6 mil millones. En el balance general se aprecia que los organismos de control fiscal tienen una notoria mejoría en los resultados obtenidos en el último año referidos a los procesos de responsabilidad fiscal por un moto de más de un billón de pesos", señala el Auditor General.

Gómez Lee hizo un llamado a todas las contralorías del país y aseguró que "la falta de oportunidad en resolver la situación jurídica de los implicados en los procesos por parte de las contralorías en sus acciones, es el ambiente propicio para que se presenten situaciones tan lamentables como la que enfrenta Bogotá, la mora para definir la situación jurídica de un contratista es un ambiente propicio para el chantaje, presiones y tráfico de influencias".

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