Rosalba Muñoz llegó al barrio San Jorge en los años 50. Entonces, el lugar era de propiedad de la familia Mancera, parientes de su esposo. Poco a poco el sector fue tomando forma, en la medida en que los dueños de los terrenos los vendían para que más familias se asentaran en ellos, construyeran una casa y una vida.
Sin ayuda del gobierno, distrital o nacional, las calles fueron pavimentadas por los mismos vecinos de este sector de la localidad Rafael Uribe Uribe hace, aproximadamente, 16 años, según recuerda Diana Mancera, habitante del barrio desde hace 35 años.
Dos años atrás, funcionarios del Distrito les informaron a las familias de aproximadamente 50 casas que sus viviendas no estaban legalizadas, o sea que el barrio no era legal, aunque contara con servicios públicos, nomenclatura, calles pavimentadas y sus habitantes pagaran los debidos impuestos, como el predial. Incluso, varias casas aún lucen desteñidas calcomanías de las visitas del último censo y del Departamento Administrativo de Catastro, que informa que ese predio está siendo sometido al proceso de actualización catastral. El lugar pasó a llamarse Gloria Gaitán II.
Desde entonces, Wilson Lagos, vecino del sector y líder de los vendedores ambulantes de la localidad, se puso manos a la obra para lograr la legalización porque “lo legal es mejor”. El principal obstáculo, paradójicamente, fueron sus propios vecinos. “La gente me miraba con desconfianza cuando iba a pedirles sus firmas para llenar los formularios que tocaba presentar en las secretarías de Planeación y Hábitat. Muchos pensaban que era para robarlos o algo parecido. Aún hoy hay muchos que ni saben que ya es legal”. Esta semana, el barrio quedó oficialmente legalizado, junto con tres más de la misma localidad y uno en San Cristóbal.
Una rápida visita a algunas de las casas confirma lo dicho por Lagos. Algunos habitantes, con monosilábicas respuestas, afirman no saber nada de nada, algunos apenas niegan con la cabeza y siguen mirando hacia otro lado. Lady Ariza vive en el lugar hace tres años y no se había enterado de nada. Otros habitantes ni siquiera dan su nombre y tan sólo responden que no saben nada. Pedro Suescún, 30 años de residencia en el barrio, sí se enteró de lo que estaba ocurriendo, pero no pudo asistir a la última reunión (esta semana), en la que se decidió todo.
“Lo más difícil fue convencer a la gente. Algunos son muy desconfiados y no se interesan por las cosas del barrio”. Eleutenio Lagos, padre de Wilson, vive en el sector hace 45 años; él también fue uno de los gestores de la legalización.
También hay razones para desconfiar, al menos un poco, muy poco. Una de las vecinas pagó hace unos años $500 mil por la legalización de su casa. Los planos nunca llegaron y el hombre que ofreció sus servicios se fue con el dinero. Nadie da nombres porque “es un conocido y mejor así”.
¿Qué ventajas tiene legalizarse, ya que el barrio tiene todo? Diana Mancera responde que el principal problema se presentaba cuando la gente quería vender su casa. Según la Secretaría de Planeación, la legalización permite acceder a subsidios de construcción y mejoramiento de vivienda, entre otras cosas. De acuerdo con la entidad, en lo que va corrido de este gobierno 14 barrios han sido legalizados, lo que significa beneficios para más de 4.500 personas en cinco localidades.
“Lo que a algunos nos da miedo es que, después de todo este tiempo de vivir sin el barrio legalizado, nos vayan a cobrar más en impuestos o servicios. Ojalá el cambio no sea para peor”, puntualiza Mancera, mientras camina por las mismas calles de toda la vida, ayer ilegales, hoy no.