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‘Bienvenidos a la guerra’

El ingreso a grupos delincuenciales se convirtió en un razón para abandonar el colegio. Los jóvenes desertan porque tienen que trabajar por pobreza, por violencia o por ambición.

17 de octubre de 2008 - 08:51 p. m.
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A Juliana, mientras iba caminando hacia la tienda del barrio, la cogieron a la fuerza unos hombres de cabeza rapada. La montaron a una camioneta grande pero nada lujosa. La golpearon. Le gritaron quieta, no llore, no oponga resistencia. Le gritaron hijueputa, bienvenida a la guerra. Pasaron sólo unos minutos cuando el carro paró otra vez. En esta ocasión un joven de unos 17 años, los mismos que Juliana, fue el rehén. Ella no sabe cómo ni en qué momento pudo huir de la camioneta. Se resguardó en alguna parte donde no pudieran encontrarla.

Cuentan los líderes de Ciudad Bolívar —los que caminan la localidad, los que realmente la conocen— que este año los casos de reclutamiento no han sido tantos ni tan recurrentes como en otras épocas de guerra. El de Juliana, según ellos, es uno de los pocos que se ha denunciado, “pero se quedó ahí, en denuncia”. Lo que sí se sabe pero no se dice a viva voz es que todavía hay reclutadores, a veces camuflados en una camioneta, a veces infiltrados en los colegios, que les ofrecen a los jóvenes entre $400 mil y $700 mil por trabajar con ellos. Casi siempre el escenario del infame negocio son las empinadas lomas de Altos de Cazucá.

En un colegio de ese sector —que comparte territorio con Soacha y Ciudad Bolívar y que pareciera no tener fronteras ni territoriales ni de violencia ni de miseria— estudia Santiago, un niño que no supera los 11 años, un niño que exhibe con orgullo, casi con idolatría, pulseras y pañoletas con insignias de las Auc. El papá de Santiago es paramilitar, cuenta un vecino del barrio. O lo fue. No hay certeza. Siempre el señor espera a su hijo a la salida del colegio. Espera a Santiago y a los otros niños que el pequeño pudo convencer para que trabajaran con su padre. “Es muy sencillo —les habrá dicho—, sólo tienen que cargar en sus maletines unos paquetes que mi papá nos da y luego llevarlos a donde él nos diga”. En esos talegos habrá drogas y armas y dinero, mucho dinero. ¿Quién va a requisar la maleta de un niño?

Los reclutadores llegan hasta los colegios y allí, con sus propuestas, con su plata, se convierten en una tentación para que los jóvenes dejen el estudio, el barrio y en otras ocasiones —que no son muchas según los líderes y el alcalde de Ciudad Bolívar— no vuelven a aparecer. “Sabemos que les hacen ofertas de trabajo —dice Édgar Orlando Herrera, alcalde la localidad—. Los invitan a trabajar en otras ciudades como recolectores de café, como raspachines, y también les hacen propuestas delincuenciales”. Según Herrera, en todo el año sólo han recibido tres denuncias de jóvenes desaparecidos, “muchachos que dicen que se van a trabajar y no vuelven”. Son pocos casos, aclara él, “pero un solo muchacho desaparecido o reclutado es suficiente para alertarnos”, dice un líder sin nombre ni apellidos.

Ciudad Bolívar, la localidad número 19 de Bogotá, ocupa el séptimo puesto en el escalafón de deserción escolar —el primer lugar es de Chapinero—. El reclutamiento es una de las motivaciones para dejar las aulas. No es la primera causa, pero sí quizá una de las más trágicas en medio de tantas tragedias que llevan a niños y jóvenes a desertar. Están los que deben trabajar para mantener la familia, los que no tienen dinero para un pasaje de bus, los que deben abandonar el barrio porque se metieron en problemas y están amenazados, los que no quieren estudiar…

En la Institución Educativa Arborizadora Alta-Idipron, entre junio y agosto de este año, 80 niños y jóvenes nunca volvieron. Son 80, con foto, nombre y documento de identificación, los que reposan en una lista oficial del plantel. ¿Dónde están? Ni siquiera

sus padres preguntan por ellos. En la foto Miguel, el cuarto de la lista, lleva una camiseta blanca. Tiene las cejas arrugadas y la boca fruncida. Él abandonó el colegio en julio. El último, el número 80, es Pedro. Ojos rasgados, mirada de resentimiento, cabello despeinado. Desertó en noviembre.

Al otro lado de la frontera: Soacha

 Fue en julio pasado cuando a un colegio de Altos de Cazucá, en Soacha, llegó el primer panfleto firmado por el “Frente 21 Cacica La Gaitana, comando conjunto Adán Izquierdo, Farc-EP”. Firmaban las Farc, cuando en el sector el secreto a voces es que el grupo que todavía sobrevive son las Auc, o algunos rezagos de lo que fue ese grupo paramilitar.

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“En el municipio de Soacha hay grupos que en nombre de paramilitares, Auc o Águilas Negras utilizan las estrategias de grupos de oscura procedencia para asesinar y lograr mantenerse en el poder, lucrándose con el trabajo de millones de colombianos pobres (…) Aquellos que apoyan el programa de gobierno de Uribe serán declarados objetivo militar”, reza la comunicación que seguramente estuvo en las manos de decenas y decenas de niños que ven las armas y los uniformes y las botas negras como un símbolo de valentía, de poder.

En Soacha las ofertas de reclutamiento llegan a los $700 mil. ¿Qué hay que hacer? Es muy sencillo. Dos semanas de entrenamiento. Aprenda a manejar un fusil. Ubíquese en la primera fila. Usted es la carne de cañón. Y la oferta se extiende hasta los padres: un millón de pesos porque me entregue a su hijo.

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“Las denuncias que llegan a la Personería están concentradas en la Comuna 4 (a la que pertenece Altos de Cazucá) —explica la delegada de Derechos Humanos—. Tenemos 32 declaraciones, muchas de ellas de amenazas de muerte porque no acceden al reclutamiento”.

En Soacha este mal se mezcló con la pobreza, con las calles sin pavimentar, con las casas sin servicio de agua, con la miseria, con el no futuro de los jóvenes, con la falta de presupuesto para la educación, con el olvido del Estado. Según Juan Miguel Méndez, secretario de Educación, más de la mitad de los jóvenes que ingresan a primero de bachillerato no se gradúan. Se quedan en el camino. “Casi todas las instituciones públicas están construidas en predios sin legalizar y no cumplen con las condiciones para prestar el servicio. El niño se siente desestimulado, no atendido. Entonces vienen grupos con una institucionalidad fuerte y les ofrecen más ventajas que las que les da un estado de derecho”, dice Méndez.

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Esta semana, en la Institución Educativa Buenos Aires, de Altos de Cazucá, no hubo plata para pagar los servicios. No hay dinero para la educación ni para pavimentar las calles ni para ofrecer más cupos. Queda sólo la voluntad de los maestros, de los líderes, de los mismos jóvenes y niños para responder “no” ante la consigna “Bienvenido a la guerra”.

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