Una está al sur de Bogotá y la otra al noroccidente. La primera es retaguardia histórica de las Farc, estratégico corredor hacia los Llanos Orientales y, según informes oficiales, ya no tiene problemas de presencia guerrillera, pues la presión militar obligó a la subversión a replegarse hacia Huila, Tolima y Meta. La segunda es el área en donde los grupos narcotraficantes de Gonzalo Rodríguez Gacha hicieron y deshicieron en la década de los ochenta, donde estaban los cultivos de coca más grandes de Cundinamarca y donde en un pasado más reciente mandaron los paramilitares.
Las regiones de Sumapaz y Rionegro, en Cundinamarca, siguen como preocupaciones de las Fuerzas Militares y la Gobernación, aunque ya no por la existencia de dichos flagelos, sino por pura prevención para que no vuelvan. Por esta razón serán epicentro de un plan de blindaje especial que a partir del próximo mes llevará una escuela de alta montaña, cinco batallones y cuatro fuertes de carabineros a nueve municipios, protegiendo de paso las vías de acceso desde y hacia Bogotá.
El Plan Consolidación —así se llama— comenzó en febrero, pero sólo a finales de este mes estará listo uno de sus ejes, nuevo batallón de Viotá, que cerrará el cerco de protección desde la región del Tequendama. Dicha instalación será complementada con una escuela de alta montaña y un batallón de 89 hectáreas, en la vereda La Mesa, del municipio de Une.
También habrá batallones en Tena, Zipaquirá y Chocontá, así como fuertes de carabineros con 50 hombres cada uno en Nocaima, Sibaté, Quipile y Guasca.
Según el general (r) Jorge Enrique Mora, asesor de seguridad de la Gobernación, en el departamento ya no hay frentes guerrilleros. Las estadísticas sobre secuestro y extorsión también se redujeron en 98%, y los reportes desde algunos municipios del sur señalan que en vez de columnas y bloques con numerosos hombres hay esporádico tránsito de grupos de 3 y 5 milicianos sin armas.
Pero además de mantener la seguridad conquistada frente a los violentos, el gran reto es el microtráfico de drogas. Las ollas, las mafias y las bandas expendedoras siguen tomando fuerza en la sabana y, en general, en ciudades intermedias del departamento.
Tal y como lo informó este diario hace dos semanas, la alerta máxima está en los municipios de Soacha y Zipaquirá, en donde los alcaldes tuvieron que acudir a un poder de Policía para hacer allanamientos, aun sin orden de la Fiscalía.
En Zipaquirá, por ejemplo, se optó por requisas en colegios (los delincuentes usan a estudiantes para su negocio ilegal), incluso con perros antinarcóticos. También están de moda estrategias como recompensas, frentes de seguridad y cámaras para ubicar los expendios de drogas.
Es tal la situación, que la Gobernación hizo un acuerdo con el Sena para extender durante tres horas la jornada académica de los jóvenes que salían de clases al mediodía, con el fin de mantenerlos ocupados, aprendiendo oficios técnicos, en vez de dejarlos en la calle expuestos a los reclutadores de jíbaros. La agencia de cooperación de Estados Unidos USAID también realiza capacitación en los colegios.
“Lo que hay que hacer ahora es una revisión al esquema judicial para poder declarar extinción de dominio y pegarles a los grupos mafiosos de venta de droga”, dijo el gobernador Andrés González.
Su preocupación no parece un tema menor. Cundinamarca tiene el más bajo promedio de muertes violentas del país (15 por cada 100 mil habitantes) y, con Cesar, es el único que no tiene cultivos de coca. Oficialmente no existen guerrillas ni ex ‘paras’. Pero de poco servirían esos avances si se permite el auge del microtráfico, que generalmente es seguido por flagelos como el tráfico de armas, las mafias y los ajustes de cuentas.