Los bogotanos hoy se sienten considerablemente más seguros que el año pasado, aunque, al tiempo, hay un grupo de ciudadanos que se consideran víctimas indirectas de la delincuencia.
Luego de un duro periodo (el último año y medio de la administración de Samuel Moreno), en el que el 72% de los capitalinos llegó a sentirse en una ciudad peligrosa, esa sensación ha disminuido hasta llegar al 38%. Acaso sea este el indicador más importante de la encuesta de percepción de seguridad y victimización que realiza la Cámara de Comercio de Bogotá todos los semestres, y cuya versión más reciente fue dada a conocer la mañana de este miércoles.
El documento, que recoge las impresiones de 7.016 ciudadanos de todos los estratos, señala que la cifra en cuestión se redujo en 19 puntos respecto a la medición del primer semestre de 2011, se ubicó 15 puntos por debajo del promedio histórico y es el menor indicador desde 2008.
¿Las razones? La encuesta no incluye esa pregunta, pero es presumible que el dato responda a las medidas que en materia de seguridad han tomado la Policía Metropolitana en llave con la administración del alcalde Gustavo Petro a lo largo de 2012, entre ellas el aumento de la vigilancia por cuadrantes y la restricción al porte de armas de fuego, norma con la cual se mostró de acuerdo el 84% de los consultados.
Las localidades que menores indicadores de percepción de inseguridad registraron son La Candelaria, Chapinero y Fontibón, mientras que esa misma estadística empeoró en Tunjuelito y se mantuvo estable en Puente Aranda y Bosa.
El 72% de los ciudadanos encuestados dijo aprobar la creación de la Secretaría de Seguridad y el 46% considera que el servicio de la Policía es bueno o estable, sin embargo, y aunque la cifra de la victimización directa se mantuvo en un 10%, las personas que se declararon víctimas indirectas de delitos aumentaron de 17% (primer semestre de 2011) a 22% (primer semestre de 2012).
Como es tradición, la Cámara de Comercio realizó al final de su presentación unas recomendaciones a las autoridades civiles y de policía de la ciudad, entre las cuales están fortalecer e implementar mecanismos de política pública que garanticen la eficacia de la justicia y mantener el plan de la restricción al porte de armas, incluso con salvoconducto.