Los cables de luz que atraviesan la ciudad por lo alto son los más rentables para los "delincuentes de los servicios públicos". El negocio está en su interior, en el cobre que después es fundido para ser comercializado en el "mercado negro". También las tuberías de cobre y los medidores de aluminio pasan por ese proceso de disolución para terminar en el mercado oscuro a altos precios.
Para combatir delitos como éstos, que afectan la infraestructura de las empresas de servicios públicos, la Policía Metropolitana capacitó a 150 agentes y oficiales de los Centros de Atención Inmediata (CAI), la Sijín y la Sipol. Este curso es apenas una de las actividades que se vienen desarrollando en el programa "Alianza Antifraude", un convenio entre ETB, Gas Natural, UNE, Codensa, Colombia Telecomunicaciones y EPM.
El año pasado la empresa Gas Natural contabilizó 1.535 hurtos. El robo más común, que siempre se realiza por las noches cuando todo es oscuridad y silencio, es el de los medidores de gas. Lo más grave, además de los 250 mil pesos que deben pagar los mismos usuarios para la reposición, son los escapes del fluido. "Es importante que la gente nos ayude y denuncie -explicó un funcionario de la empresa-. Los que pierden son los clientes, ya que deben pagar por el arreglo del medidor y la tubería".
Entre los robados está también la Empresa de Acueducto de Bogotá, la cual, en 2007, invirtió en la reinstalación de tapas y rejillas más de 1.000 millones de pesos. Según un informe de la empresa, "se volvieron a instalar 48 hidrantes que aparentemente fueron hurtados, con costos directos cercanos a los $97.947.696".
Al año, 30.000 medidores de consumo del acueducto son hurtados en Bogotá. Los costos, como en casi todos los casos, los debe asumir el usuario. En la Empresa de Acueducto calculan que cada persona afectada paga 80 mil pesos.
Los robos nocturnos de cables, medidores, tuberías, tapas del acueducto y alcantarillado, y la defraudación de fluidos como el gas, electricidad y llamadas telefónicas costaron el año pasado 25.000 millones de pesos. Fueron más de 88.000 los delitos cometidos a la infraestructura de las empresas de servicios públicos. Los más afectados, los usuarios, quienes tienen que pagar por los delitos ajenos, fueron siete millones en todo el país.