Las posibles irregularidades alrededor del convenio que firmó con la ETB para modernizar la línea de emergencia 123, y que provocó una crisis de marca mayor en el Fondo de Seguridad y Vigilancia (FSV), ya están en conocimiento de la Fiscalía. Sergio Romero, único directivo del FSV al que le han aceptado la renuncia, en un último acto como funcionario radicó el martes una denuncia en la que pidió investigar el caso, para determinar si “existe o no la comisión de hechos contra la administración pública”. El documento, elaborado en papelería oficial de la Alcaldía de Bogotá, se le envió directamente al fiscal general, Eduardo Montealegre.
La denuncia se radicó justo después de que el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, le pidiera al gerente del FSV, Fernando Arbeláez, que renunciara a su cargo por haber incumplido la orden de firmar a toda costa (incluso, sin importar razones jurídicas) un otrosí al convenio con la ETB y autorizar un giro por casi $28.000 millones, pese a las múltiples advertencias de la Contraloría, de la interventoría y de funcionarios del propio Distrito, que señalan que el acuerdo tendría “irregularidades insubsanables”.
Esta situación provocó la reacción de algunos directivos del FSV, como el caso de Romero, que en respaldo a Arbeláez también renunció y antes de entregar el cargo radicó la denuncia. El documento, al que tuvo acceso El Espectador, relata pormenores de la firma del acuerdo, los posibles hallazgos fiscales y algunas de las posibles irregularidades. El documento está acompañado con 500 folios, en los que se incluyen copias del convenio, informes de interventoría, requerimientos del Fondo a la ETB y cruce de cartas, entre otros.
En un relato sucinto, la denuncia describe cómo el 3 de octubre del año pasado se firmó el convenio y, casi un mes después, el acta de inicio. Este trámite se hizo sin tener anexos técnicos, financieros, cronogramas, acuerdos económicos (con el que se definen inversiones y pagos) ni protocolos de pruebas para la nueva plataforma. Es decir, se empezó a ejecutar sin tener claras las reglas de juego. Tras nueve meses, tan sólo se tiene el cronograma (que se ha incumplido) y un anexo técnico incompleto.
De igual manera, señala como el aporte inicial de $15.000 millones, que hizo el Fondo para la nueva línea 123 y el funcionamiento de la vieja, la ETB los ha ido gastando sin presentar los soportes que justifiquen el uso de dichos recursos, algo que llama la atención si se tiene en cuenta que el cronograma del convenio presenta incumplimiento de casi seis meses y, a la fecha, no hay avances en el proyecto. Para completar, pone en evidencia los hallazgos de la Contraloría, como la aparente violación del proceso de selección objetiva, al adjudicar casi a dedo el convenio a la ETB, sin contar con un estudio de mercado; sin tramitar vigencias futuras y sin tener claridad en cómo se iba a destinar el anticipo.
La preocupación no es de poca monta, ya que el haber firmado sin los anexos, prácticamente se dejaron al azar detalles cruciales como el costo final de la nueva plataforma y la forma de pago, así como todos los componentes tecnológicos de la modernización. Un dato clave: por no haber hecho estudios de mercado, hoy la ETB señala que la modernización cuesta alrededor de $300.000 millones, mientras que las cotizaciones hechas por el actual equipo del Fondo señalan que serían más de $100.000. Estas diferencias han generado puntos críticos en las negociaciones y en el desarrollo del proyecto.
Expele materia
Tras conocer la demanda, El Espectador contactó a Sergio Romero, quien hasta el pasado martes fue jefe de planeación y subgerente técnico encargado del Fondo de Vigilancia. Palabras más, palabras menos, señala que lo que descubrió en la entidad es que literalmente estaría cooptada por la corrupción. “Es una corrupción que trasciende la entidad, tanto vertical como transversalmente. Cada respiro del Fondo expele materia. Y se manifiesta en que, al parecer, muchos empleados son pagados por los contratistas, lo que se presta para favorecimientos, para que los negocios no se cumplan o se demoren para llenarlos de prórrogas. Posiblemente hay un poder político detrás de todo esto”, señaló Romero.
Al consultarlo sobre el convenio con la ETB, explicó que lo que se ha descubierto son inexplicables sobrecostos y que se evidencia un claro favorecimiento hacia las arcas de esa empresa a costa del erario. ¿Hay indicios de corrupción? A esta pregunta responde que, a pesar de no existir aún evidencias, es posible que los organismos de control sí las encuentren. “Es que, sin corrupción, no es posible explicar la negligencia y el favorecimiento que se evidencia”.
Concluye que alrededor de casi en todos los contratos del Fondo de Vigilancia existe algún reparo. Desde el que se firmó con la ETB, pasando por la compra de algunas cámaras y obras, hay dudas alrededor de los costos. “en el proyecto del 123 se evidencian costos inflados del 46% en la plataforma actual, frente a lo que se le paga al subcontratista, y de más del 60% en la nueva plataforma. Además, los costos del centro operativo de despacho que se está construyendo son un misterio para el Fondo. Es necesario aclarar que con base de todas estas dudas se radicó la denuncia”.
Ante la noticia de la denuncia penal, Luis Betancur, vicepresidente de empresas y gobierno de la ETB, indicó que le parece importante.” El contrato y todo lo que hemos venido ejecutando está a la orden del día. Al ser una empresa pública, nuestros libros están abiertos, para los que quieran investigar. Estamos seguros de que hemos venido cumpliendo y tenemos los archivos al día. A la interventoría se le ha informado todo lo que han pedido y pueden venir cuando quiera si necesitan alguna información”.
El Espectador intentó comunicarse con la secretaria general del Distrito, Martha Lucía Zamora, pero expresó que debido a múltiples obligaciones era imposible atender a este medio. Por ahora se siguen conociendo detalles de la crisis en el Fondo de Vigilancia, que ahora queda en manos de la Fiscalía.