El pleito por las casas del barrio Los Olivos, en Chapinero Alto, ha pasado en los últimos meses de las tensiones en las calles a los pleitos judiciales. La Fiduciaria Davivienda, que había comprado casas a habitantes de ese sector de estratos 1 y 2 para levantar una urbanización estrato 6, demandó al Distrito después de que este le expropiara parte de lo que había adquirido. La Alcaldía, sin embargo, pegó primero en los tribunales y ya hay decisiones que la respaldan, aunque el litigio va para largo.
Hay que recordar que la historia se remonta a 2006, cuando la fiduciaria llegó al sector, rodeado de urbanizaciones de clase alta, con el fin de convencer a los habitantes de que vendieran sus casas y así contar con el espacio para construir un proyecto de 450 apartamentos. Edmundo Castro, en representación de la empresa, negoció 42 viviendas por precios que llegaron hasta los $400 millones. Las inquietudes se generaron por cuenta de quienes se negaron a vender, pues terminaron denunciando presiones entre las que se contaron, incluso, presuntos atentados. Son hechos registrados en una denuncia penal que interpuso el Distrito ante la Fiscalía, y de los cuales hizo eco la concejal María Fernanda Rojas, del Partido Verde, durante un debate en julio pasado.
La administración Petro, con el fin de evitar el desplazamiento de los moradores de la zona, le expropió a la fiduciaria, entre octubre y noviembre del año pasado, 18 casas que había comprado, algunas de las cuales ya habían sido demolidas. El objetivo es desarrollar un proyecto que les permita quedarse en mejores condiciones. El Espectador informó sobre la tensión que se generó el pasado 17 de abril, cuando funcionarios de la Alcaldía, acompañados de la Policía y el Esmad, llegaron a cercar los predios. La tensión es alta por dos razones: primero, un sector de la comunidad quiere venderle a la fiduciaria debido a los altos precios que ofrece, mientras el Distrito oferta lo que le indica Catastro, es decir, hasta 10 veces menos.
Segundo, porque la Alcaldía decretó el derecho de preferencia sobre los predios que no han sido vendidos, para que en caso de que sus habitantes decidan hacerlo, tengan a la Alcaldía, por obligación, como primera opción.
La Fiduciaria Davivienda finalmente demandó. Lo hizo el pasado 19 de mayo, después de intentar una conciliación, con la siguiente justificación: el Distrito argumenta que el proyecto Los Olivos hace parte del centro ampliado que el gobierno Petro se ha propuesto revitalizar; sin embargo, el plano de esa zona, incluido en el Plan de Desarrollo que aprobó el Concejo, deja por fuera el sector de Los Olivos (calles 61 y 63 con carrera 1ª). Así, la administración no tendría potestad para incluir el proyecto en el plan de revitalización.
El pasado 7 de julio el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio la razón al Distrito, por el momento, al emitir un auto en el que niega la pretensión de la fiduciaria de tumbar tres resoluciones mediante las cuales se declaraban las expropiaciones. Grosso modo, los magistrados aceptaron el argumento del Gobierno según el cual el plano del centro ampliado es indicativo, o sea, da una idea general de la zona que se pretende intervenir, pero no es definitivo. Los Olivos queda a un costado del perímetro definido inicialmente en ese plano, así que puede ser incluido.
Se trata de un punto que se anota el Distrito, aunque aún queda mucho por definir. De hecho, cuando la administración comenzó su intervención en el barrio carecía de un proyecto estructurado para ofrecerles a los habitantes. Tan sólo este mes, según se ve en la página web de Metrovivienda —encargada del caso—, comenzó el proceso por medio del cual se pretende contratar la elaboración de estudios técnicos. Lo bocetado hasta ahora indica que se trataría de 370 unidades de vivienda de interés prioritario y de interés social entre los 50 y 85 metros cuadrados, que se construirían en tres etapas.
La concejal Rojas criticó que el Distrito haya llegado tarde a atender el caso, aunque, más allá de eso, se trata de un pendiente que seguramente heredará el próximo alcalde, sobre todo el conflicto con los habitantes que no desean venderle a la Alcaldía. Este diario se comunicó hace tres semanas con Metrovivienda para saber en detalle cómo va el proceso, pero no obtuvo respuesta. También lo hizo con Edmundo Castro, de la Fiduciaria Davivienda, quien indicó que las demandas incluyen otras pretensiones sobre las que los jueces aún no se pronuncian, pero no las precisó.