Por haber realizado "montajes de actos terroristas" y además "hacer que se pagaran con dineros del Estado informaciones sobre supuestos atentados" en el 2006, el Ministerio Público destituyó al mayor en retiro Javier Hermida Benavidez y al mayor Luis Barrero Calderón.
Los dos mayores estuvieron presentes de forma activa en la ubicación de un carro bomba en el Barrio Gaitán que explotó y con ello hirió a varios militares y la muerte a un civil; colocaron además un carro bomba en el Centro Comercial Caracas; también pusieron explosivos cerca de la Escuela de Artillería y entre los barrio Danubio y La Fiscala; y finalmente intentaron sin éxito poner un automotor con explosivos en el Centro Comercial Gran San. Todo esto ocurrió entre julio 14 y agosto 28 de 2006.
La Procuraduría, a través de la Comisión Especial Disciplinaria, determinó que "existen suficientes pruebas para establecer la responsabilidad de los oficiales en los hechos que tenían como propósito sembrar el pánico en la ciudad y, una vez ubicado el material explosivo, demostrar su excelente desempeño como agentes de la inteligencia militar".
La Procuraduría calificó las faltas como "gravísimas", cometidas a título de dolo, inculpándolos por los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, homicidio, lesiones personales y daño en bien ajeno.
"Además de las contradicciones encontradas en las versiones de los Oficiales, el Ministerio Público demostró que existieron comunicaciones telefónicas entre ellos y la señora Lidia Álape Manrique, alias ‘Jessica’, y reuniones en los centros comerciales Plaza de las Américas y El Tunal, ocurridas en el periodo comprendido entre días antes al supuesto descubrimiento del primer vehículo cargado con explosivos en el Centro Comercial Caracas, hasta días después del atentado en que perdió la vida un particular y resultaron lesionados varios militares que se desplazaban en un convoy en el sector del barrio Gaitán", indicó la Procuraduría.
El mayor Javier Hermida Benavidez, en ese entonces era Jefe de Análisis Operacional y Director encargado del la Central de Inteligencia Conjunta del Comando General de las Fuerzas Militares en Bogotá.
Él y el entonces Capitán Barrero Calderón, Jefe del Blanco ELN, presente en el capital, estuvieron dentro de la negociación para que se pagaran $7’500 mil, como recompensa por la supuesta información a Lidia Álape Manrique y Néstor Germán Pérez, supuestos informantes con quienes se había establecido el acuerdo para obtener los falsos positivos.