El secretario de Gobierno de Bogotá, Guillermo Alfonso Jaramillo, presentó en la noche del lunes 2 de diciembre durante un consejo de seguridad las “cifras actualizadas” de criminalidad. Esa aparente actualización, sin embargo, resultó siendo más bien una advertencia: las estadísticas que demostraban una reducción en los delitos de alto impacto en la capital durante 2012, entregadas por la Policía Metropolitana de Bogotá, nada tenían que ver con la realidad. Lo paradójico es que la fuente de información de Jaramillo fue la misma Policía.
En febrero de 2013, el entonces comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Luis Eduardo Martínez, hizo el balance anual correspondiente a 2012 de los delitos que más afectan a los ciudadanos, como lesiones personales y hurto a personas, de vehículos o residencias, entre otros. Eran tiempos de celebración: con base en las estadísticas de 2011, los siete delitos con mayor incidencia en la percepción de seguridad, sin excepción, se habían reducido en promedio en un 17%.
Hace menos de una semana, sin embargo, la Policía entregó estadísticas actualizadas de 2012. En reemplazo de Martínez se encontraba ya el general Édgar Sánchez, quien, mediante un oficio fechado el 25 de noviembre, anunció a la Alcaldía, la Veeduría, la Personería y el Concejo que la información se actualizaba “con el propósito fundamental de mejorar los datos estadísticos”. El lío era que los números de Sánchez y los de Martínez, con excepción de los homicidios, no coincidían. Los delitos de mayor impacto no habían decrecido sino aumentado en promedio un 30%.
El pasado lunes Jaramillo señaló que esa abismal diferencia se debía a que la Policía se había basado en una sola fuente, el Siedco (Sistema de Información Estadístico Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía), dejando de lado los datos del SPOA (Sistema Penal Oral Acusatorio) de la Fiscalía que, cada año, alimenta los indicadores de seguridad de Bogotá y de cualquier ciudad del país. El Espectador indagó al respecto para confirmar que ese desfase concierne hasta al Ministerio de Defensa.
El 23 de agosto de 2006, la Secretaría de Gobierno y la Policía Metropolitana de Bogotá firmaron el Convenio Interadministrativo 298, con el cual se pactó que la Alcaldía de Bogotá, además de tener acceso a los resultados de la Policía, tendría acceso a los sistemas de información en los cuales se basaba la entidad para monitorear la criminalidad urbana, datos que periódicamente eran revisados también por la Secretaría. Sin embargo, entre enero de 2012 y septiembre de 2013, ese convenio fue incumplido. Así se lo confirmaron a este diario fuentes de alta credibilidad del gobierno distrital.
En ese período, era el general Luis Eduardo Martínez quien encabezaba la Policía Metropolitana. Fuentes de la administración aseguran que a él se enviaron por lo menos 10 derechos de petición solicitando las cifras de todos los sistemas de información, como indicaba el convenio. “La Policía sólo nos mandaba los resultados”, aseguró Rubén Ramírez, director del Centro de Estudio y Análisis para la Seguridad y la Convivencia (Ceacs). En su oficio del 25 de noviembre, el general Sánchez asegura que a partir del 1° de noviembre de este año “se generarán los datos actualizados producto del cruce de información”.
Por cuenta de este enredo están también en tela de juicio las cifras correspondientes a 2011, las cuales, según la información entregada a la Alcaldía por parte del general Édgar Sánchez, son las mismas de la comandancia del general Martínez. “Ahora lo que tiene que aclararme la Policía es si en la medición de 2011 utilizó ambas fuentes de información: la propia de la Policía y la de la Fiscalía. Si las utilizó, lo que vemos es que hay una explosión de este tipo de delitos (en 2012)”, señaló el secretario Jaramillo.
No obstante, en diálogo con este diario, el general Édgar Sánchez aseveró que la Policía nunca ha entregado información mentirosa: “Lo que pasa es que con el SPOA prácticamente hay que hacer un trabajo manual para identificar cada denuncia a qué delito corresponde, y por eso los números no estaban al día. Nunca se han dado cifras falsas. Esta es una situación que se viene corrigiendo desde tiempo atrás, ni siquiera desde la Policía sino desde el Ministerio de Defensa, nuestro principal interés es ser transparentes con las cifras”.
Según explicó el general Sánchez, el convenio 298 sí existía, pero “todas las partes dejaron de cumplir sus responsabilidades y lastimosamente no se ha renovado”. El alto oficial señaló, además: “Yo no quiero entrar en controversia con la Secretaría de Gobierno. Hemos venido haciendo un trabajo muy coordinado y sí se están dando resultados, eso no hay que sacrificarlo, pero sí puedo asegurar que el general Martínez entregó la información periódicamente. Es que esos datos no son patrimonio de la Policía sino de la ciudadanía”.
El director del Ceacs, Rubén Ramírez, por su parte celebró que el actual comandante de la Policía de Bogotá hubiera corregido las cifras y aseveró que los lazos de confianza entre la Alcaldía y la Policía no están erosionados. “Hay que volver a los convenios administrativos, con los que las entidades oficiales tienen acceso a información para la medición de políticas públicas”, resaltó Ramírez. El general Sánchez, en la otra orilla, sostiene que tener las cifras acertadas para trabajar sobre políticas públicas también es prioridad para su institución.