Pese a que la exalcaldesa Clara López Obregón le solicitó al contralor de Bogotá, Diego Ardila Medina, rectificar las declaraciones formuladas en las que la responsabiliza de haber suscrito en su calidad de secretaria de Gobierno del Distrito un convenio por 1.500 millones de pesos con la firma Proactiva, el jefe del ente de control aseguró que la presidenta del Polo sigue vinculada en el proceso de responsabilidad fiscal.
«El proceso de responsabilidad fiscal constituye entonces el instrumento jurídico idóneo para que el investigado presente los argumentos y las pruebas para su defensa, controvierta las que obran en su contra y en general desvirtúe los cargos que puedan ser imputados», explicó Ardila Medina.
Frente a lo solicitado señaló el contralor de Bogotá que no se ha afirmado que Clara López Obregón en su calidad de secretaria de Gobierno suscribió el convenio con la empresa Fundación Proactiva.
«Aunque López a la fecha de suscripción del contrato no se desempeñaba en el cargo de secretaria lo que se informó es que ella, por la gestión fiscal desplegada desde la concepción del proyecto debe acudir al proceso de responsabilidad fiscal y es allí en donde se podrán dar las explicaciones correspondientes», agregó el contralor Distrital.
Ardila puntualizó en que se examinará la presunta responsabilidad de cada uno de los vinculados.
Al respecto, López ha dicho que ella renunció a la Secretaría de Gobierno en el mes de marzo de 2010 para ser formula vicepresidencial del entonces candidato a la Presidencia de la República, Gustavo Petro.
En ese sentido, reseñó que el convenio fue suscrito el 30 de julio de 2010, cinco meses después de haber dejado el ejercicio de ese cargo.
“No es justo ni aceptable que el control fiscal protagónico se utilice para difamar el buen nombre de los servidores públicos como en este caso. (…) La reputación es algo valioso que debe proteger la sociedad y el control fiscal que la representa, mediante un ejercicio estricto pero responsable”, dijo López el pasado 28 de febrero.
La Contraloría de Bogotá encontró méritos suficientes para abrir juicio de responsabilidad fiscal por 1.500 millones de pesos a la Secretaría de Gobierno, el Instituto para la Economía Social (Ipes) y la fundación Proactiva por el convenio de asociación 0974 de 2010 que tenía como objeto brindar ayudas económicas a los desplazados del parque Tercer Milenio para la ejecución de proyectos productivos.
El convenio suscrito entre el Distrito y la asociación Proactiva en junio de 2010 era para beneficiar a 907 familias desplazadas. Sin embargo, a mayo de 2011, fecha en la que se cumplió el plazo de ejecución del convenio, sólo se les entregó ayuda a 196 familias, es decir, el 22%. No obstante, se giró el 90% de los recursos por parte del Distrito.
Otro de los hallazgos más relevantes que encontró la Contraloría de Bogotá al convenio de asociación 0974 de 2010, consiste en que Proactiva entregó a varios desplazados cheques sin fondos, de las mismas cuentas de funcionarios de Proactiva para financiar proyectos productivos.
Igualmente, se logró establecer que Proactiva suscribió actas de entrega de subsidios a desplazados en las que les giró recursos superiores al valor autorizado en el convenio que era de ($1.500.000) y a su vez entregó a otros beneficiados recursos inferiores a los pactados.