Son las 10:30 a.m. del miércoles y la calle 10ª con 15, en el barrio Voto Nacional, está despejada. Los almacenes de la manzana 13, cerca de la zona donde operó el Bronx, están abiertos. Es día del tradicional “madrugón”, pero parece un día corriente. Según Rubén Darío Guzmán, comerciante de la zona, en un día como este, pero años atrás, la demanda era tan alta que tenía hasta 40 empleados, despachaba hasta 10 camiones con mercancía para diferentes partes del país y sus ganancias eran seis veces más de las que recibe hoy.
Pero su historia, dice, se partió hace dos años, tras la toma que hicieron las autoridades del temido Bronx. Ahora, mientras unos aplauden el desmantelamiento de uno de los principales nidos del crimen en la ciudad y la idea de transformar la zona en un Distrito Creativo, paradójicamente, Guzmán y otros comerciantes se llenan de zozobra por su inevitable desalojo.
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Aunque desde 2013 saben que hay planes para renovar la zona y ellos estaban tranquilos porque en 2016 la administración les dijo que harían parte del nuevo proyecto, la incertidumbre apareció en octubre del año pasado, cuando la Alcaldía emitió un decreto en el que anunció la puesta en marcha del plan de renovación, en el que no están incluidos.
Para llevar a cabo la primera etapa de la obra, la administración no sólo declaró la zona del antiguo Bronx como de “utilidad pública e interés social con condiciones de urgencia”, sino que también incluyó la manzana 13, en la que los comerciantes tienen sus negocios. La medida busca facilitar la compra de predios y en el documento sólo se plantean dos caminos a los dueños: vender de forma voluntaria al precio que fijen los avalúos o la expropiación por vía administrativa.
Al ser estas las únicas alternativas, muchos temen que no se les pague lo justo por sus propiedades y que la negociación no sea justa con lo que en realidad estarían costando sus negocios, pues comparando los estudios comerciales que se han hecho sobre la zona comercial aledaña, San Victorino, el valor por metro cuadrado estaría cerca de los $10 millones, valor lejano de lo planteado por el Distrito.
En el caso de Guzmán, sin conocer una oferta oficial, dice que la pérdida podría ser grande. Su almacén abarca cuatro predios y tiene más de 1.700 m². “Los que trabajamos en esta zona, ¿dónde vamos a conseguir un lugar como este? ¿Qué pasará con el reconocimiento de más de 40 años, con nuestros empleados, proyectos económicos y créditos que algunos pidieron para estar acá?”.
Las preguntas surgen al saber que justo donde quedan sus locales dejará de ser suelo de uso comercial y pasará a ser institucional. Por esta razón no se contemplan espacios para establecimientos como el de Guzmán. Y por eso la preocupación es evidente. Tanto que advierte con resignación que de no llegar a un buen arreglo, muchos tendrían que liquidar sus negocios.
“Nosotros no somos el Bronx, somos Voto Nacional”, es la consigna de la batalla que adelanta. Ellos esperan que les paguen lo justo, que les ofrezcan una posible reubicación o que los incluyan en el proyecto, pues como están las cosas, el panorama es que, una vez les compren, tendrán que buscar otro sitio para trabajar o replantear sus actividades.
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El reclamo de los comerciantes lo respalda David Villanueva, miembro del Centro de Pensamiento y Acción para la Transición de Bogotá (CPAT), quien ha seguido de cerca la problemática y señala que la administración, al sacarlos del proyecto, estaría “violando el derecho constitucional de ‘reparto equitativo y beneficios para la renovación urbana’, en la medida en que no reconoce como aportantes de suelo a unos comerciantes que son dueños, propietarios legítimos y formales de ese terreno”.
Más allá del debate del avalúo, hay otro temor. Se trata de la indemnización que recibirían los propietarios por tratarse de una zona productiva y comercial. Si bien la norma indica que, al ser una obra pública, debe ser entre uno y 22 salarios mínimos ($17 millones), para ellos no es suficiente.
William Ortiz, contador y revisor fiscal de algunos negocios del sector, señala que, a pesar de ser legal, este monto se queda corto al conocer el costo de la logística para desocupar esos predios, el desempleo que se generará y el declive comercial. “Por esto habrá demandas. Todo esto lo vemos como un desplazamiento forzoso. No estamos en contra, pero queremos que se tenga en cuenta la parte comercial, para que valga la pena”, insistió.
Oferta
A pesar de las quejas, el Distrito dice que no hay de qué preocuparse, ya que todo se hará conforme a la ley. “La compra de los predios se hará mediante el avalúo comercial, teniendo en cuenta sus actividades, con las garantías que promueve la ley, pero no nos podemos ir más allá de la norma”, señala Adriana Collazos, funcionaria de la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá (ERU).
Y agrega: “No estamos obligados a ofrecerles un lugar para que sigan con su actividad comercial. Eso lo deberá desarrollar un tercero, quien definirá si en las manzanas aledañas se realizará una oferta de vivienda o comercio. Según el uso de ese terreno y su distribución, los comerciantes serán los primeros en tenerse en cuenta para ocuparlos”.
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Según el cronograma del Distrito, se destinarán 11 meses más para concluir la compra de predios, no sólo de los 27 que están en la manzana 13, sino de los 64 restantes que se necesitan para desarrollar la primera etapa del plan parcial. Según Collazos, los recursos destinados para esta compra son de $45.000 millones.
Sobre las dudas alrededor del avalúo, la funcionaria de la ERU señala que, contrario a lo que piensan los denunciantes, el valor del metro cuadrado en la zona ha aumentado a raíz del desalojo del Bronx: “El mismo Catastro nos ha explicado que eso obedece a que es una zona comercial. Por los predios que ya compramos en el Bronx pagamos casi $1,8 millones por metro cuadrado. Ahora encontramos que ese valor ha subido a $2,4 millones. Hoy en día, gracias al desalojo del Bronx, ha hecho más exequible el comercio para la zona, lo que se ve reflejado en el valor de sus propiedades”.
Mientras el proyecto avanza, la incertidumbre de los comerciantes se mantendrá mientras no se formalice la oferta oficial. En ese momento se sabrá si el precio que recibirán por los inmuebles en los que trabajaron por años será lo justo o no.
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