Este jueves en la tarde la administración de Gustavo Petro expondrá ante el Concejo el proyecto de modernización tributaria con el que espera obtener más recursos para proyectos del Distrito mediante algunos impuestos. Se trata de una iniciativa que ya se ha caído dos veces en el Concejo y que genera controversia por tocar el bolsillo de los ciudadanos, lo que implica un evidente costo político. Sin embargo, por ahora no hay un consenso ni a favor ni en contra de la propuesta. Incluso, hay quienes piensan que esta vez podría ser aprobado, aunque con algunas modificaciones.
Hasta ahora hay dos puntos en el terreno político que juegan en contra del proyecto. Uno es el hecho de que la mayoría del Concejo es “antipetrista” y que, precisamente en la Comisión de Hacienda (donde fue radicada la iniciativa) estén dos de los principales opositores: los concejales Fernando Cepeda y Javier Palacio. El otro, es la idea de subir los impuestos para los ciudadanos, lo cual es un costo que no quiere cargar al cabildo distrital.
Otro de los aspectos que parece jugar en contra del proyecto es la ruptura política en la bancada progresista. Hoy la mayoría está más comprometida con la Alianza Verde, que firmó Antonio Navarro, que con el alcalde Petro, quien busca un nuevo camino político alejado de esta colectividad. No obstante, el concejal Carlos Vicente de Roux aclara que la situación no significa que los antiguos progresistas hayan pasado a la oposición. Aclara, por ejemplo, que él es uno de los que ve con buenos ojos la iniciativa de la modernización tributaria.
“Me gusta la reforma, me parece seria y juiciosa. Además, son recursos que no los va a aprovechar Petro sino que se recaudarán en su mayoría en 2016 y quedarán como una herencia”, dice De Roux. Considera que es bueno eliminar el componente del estrato del cobro del predial, como lo sugiere el proyecto, de manera que si un propietario tiene un gran predio de $1.000 millones no pague una tarifa baja por estar en estrato 1 o 2, sino un valor más equitativo. Pero advierte que la escala progresiva de avalúos que el Distrito propone para pagar el impuesto, por valores desde el 6 por mil hasta el 16 por mil, es muy brusca. “Se debería subir el piso a partir del cual se pagan las tarifas más altas, es decir que el tope no sean los predios de $230 millones. En Medellín se cobran tarifas hasta del 15 por mil, pero a predios de más de $1.000 millones”.
El concejal aclara que si la administración suaviza esta curva de valores y muestra las bondades que tendrá el proyecto, podría salir adelante. Algunas de esas ventajas son los incentivos para nuevas construcciones residenciales o comerciales que usen técnicas amigables con el medio ambiente y a cambio, recibirán por un tiempo una reducción en el impuesto predial. Además, en cuanto al Impuesto de Industria y Comercio (ICA) ya no habría sólo dos fechas de pago (una con descuento y otra con tarifa plena) sino dos adicionales para que la gente tenga más plazo, aunque con un leve recargo del 5% y el 10% respectivamente. Si el ciudadano no paga en esas fechas, sólo hasta el 1° de enero del año siguiente recibiría sanciones del Distrito.
Del lado de quienes no ven con buenos ojos la modernización, está el concejal del MIRA, Jairo Cardozo. Él es uno de los ponentes del proyecto, quien se declaró impedido para rendir concepto sobre el tema en el cabildo, pues tiene conflicto de intereses en cuanto a la reducción del ICA que plantea el Distrito para el sector hotelero, ya que él tiene inversiones en este campo. Pero, en cuanto al punto del impuesto predial, dice que es inviable el proyecto propuesto, porque generaría alzas elevadas para los estratos 3 y 4. “Además, el Distrito no tiene un estudio sobre la capacidad de pago de los ciudadanos y que un predio valga $230 millones no quiere decir que su dueño sea un adinerado. Hoy cualquier apartamento de 60 o 80 metros cuadrados puede valer eso. Así que es mejor que la administración se dedique a luchar contra la evasión de impuestos y no que ponga tarifas tan altas”, agrega.
Otro de los temas polémicos en el proyecto es que la inclusión de la iniciativa de cobros por congestión para carros particulares. El concejal Diego García, de la Alianza Verde, dice que la ciudad no está preparada para aplicar esta propuesta. “Es una medida progresista y necesaria, pero tendríamos que tener el Sistema Integrado de Transporte Público en pleno funcionamiento, un desarrollo vial y desarrollo de ciclorrutas y alamedas”, anota García, quien cree que la modernización no tendrá buen trámite.
Las otras ponentes del proyecto son María Clara Name y Liliana Guaqueta de Diago. El plazo para que presenten sus ponencias se vence mañana, pero pueden pedir prórroga por 10 días, que es lo más probable. En cuanto al impedimento que presentó Cardozo, el Concejo deberá decidir en la plenaria del próximo lunes si lo admite o no. En caso de que sea aprobado, seguiría el trámite normal sin agregar otro ponente. Hasta el 9 de septiembre, fecha en que acaban las sesiones ordinarias, la administración tiene tiempo para convencer a la Comisión de Hacienda de darle luz verde a su iniciativa en primer debate, pues de lo contrario sería archivada y tendría que volverlo a presentar.