Los taurófilos aún se sienten vivos. Esperaban, claro, que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tumbara la consulta que el alcalde Gustavo Petro convocará para definir el futuro de las corridas de toros y novilladas en Bogotá, pero como perdieron esa pelea, se valdrán de nuevos recursos legales. Ya lo habían hecho cuando Petro le revocó en 2012 el contrato de arrendamiento de la plaza de toros de Santamaría a la Corporación Taurina, y ganaron. Ahora meterán una tutela contra la decisión del Tribunal de avalar la consulta y demandarán el Decreto 334, que el alcalde firmó ayer convocando a los ciudadanos a que voten el 25 de octubre. La idea es que una medida cautelar lo suspenda.
Felipe Negret, presidente de la Corporación Taurina de Bogotá, explicó que su principal argumento es que hay varias sentencias de la Corte Constitucional que “dicen que ni el alcalde ni el Concejo pueden prohibir las corridas de toros en los municipios, pues solo puede hacerlo el Congreso”. Y agrega: “El alcalde meterá a la Nación en un gasto de $40.000 millones y la consulta terminará siendo inane, porque no se puede hacer. Él acude a este mecanismo para aplastar una minoría. En Bogotá también tenemos nuestro Maduro”.
A Petro, por lo pronto, lo único que parece inquietarle es la decisión que tome la Registraduría, cuyos representantes han reiterado en varias ocasiones que no alcanzarían a organizar la consulta. Esta implicaría incluir un tarjetón adicional a los cinco que les entregarán a los bogotanos en las elecciones del 25 de octubre, cuando elegirán alcalde, gobernador, concejales, diputados y ediles. Se espera, entonces, que el Ministerio de Hacienda apruebe los recursos.
Pero no será este el único obstáculo si las acciones de los taurinos se mueven en los tribunales. Negret anunció que, de todas formas, en caso de que la consulta finalmente prospere, también están dispuestos a hacer la campaña del caso e ir a las urnas.
Es difícil saber cómo están las cargas de uno y otro lado, sobre todo porque, como es lógico, el impulso del voto, por el sí o por el no estar a favor de las corridas en la ciudad, irá de la mano con el resto de las ideas que promuevan los candidatos. Será un tema más de la campaña y, de entrada, eso puede favorecer la movilización. Para que la consulta sea válida es necesario que vote, mínimo, la tercera parte del censo electoral. Es decir, cerca de 1,8 millones de personas. Y la respuesta ganadora, el sí o el no, debe obtener al menos la mitad más uno de los votos, es decir, cerca de 900.000.
A esa movilización posiblemente ayuda que los candidatos a la Alcaldía, excepto Daniel Raisbeck (Movimiento Libertario), están de acuerdo con la realización de la consulta, independientemente del sentido de su voto. También hay que tener en cuenta que 29 concejales de todos los partidos dieron el visto bueno en el cabildo y son políticos que mueven votos de base. Natalia Parra, de la organización animalista Plataforma Alto, calcula que si se suman los candidatos al Concejo que abiertamente defienden los derechos de los animales, serían 35 políticos que contribuirían con el posicionamiento del tema en la campaña. “Que se vuelva parte de la cotidianidad del bogotano para que nos trascienda a los animalistas”, afirma Parra. “En los barrios hay gente que, sin ser animalista, está organizando actividades para promover la consulta, porque le nace”.
La otra pretensión de los animalistas es que la consulta en Bogotá se convierta en la primera ficha que cae como parte del efecto dominó en que pretenden que se convierta la consulta sobre la continuidad de las corridas de toros en algunas ciudades de Colombia. Parra explica que, aunque la celebración de las corridas sigue siendo exequible, sí consideran que por medio de las consultas debe evaluarse el arraigo que tienen en ciertas ciudades donde, a su juicio, la fiesta brava ha perdido público, y pone como ejemplo Popayán, Medellín y Choachí.
El Espectador consultó sobre este punto a las universidades Externado y Libre, las únicas que emitieron un concepto, por invitación de la Alcaldía, previo al trámite que la consulta surtió en el Concejo de Bogotá hace un mes. Los profesores Alfonso Palacio, del Externado, y Kenneth Burbano, de la Libre, coincidieron en que, con el aval que dio el Tribunal, el efecto podría trasladarse a otros municipios.
Ellos, por otra parte, siguen teniendo problemas con la redacción de la pregunta (¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que se realicen corridas de toros y novilladas en Bogotá?), pues, tal y como lo hicieron en los conceptos que emitieron a nombre de las universidades donde trabajan, consideran que excluye totalmente la celebración de esos espectáculos y podría violar derechos fundamentales. Palacio se pregunta si, entonces, nadie podrá, en territorio bogotano, realizar una corrida en su finca a pesar de que se trate de un espacio privado.
Todo esto indica que, aunque los animalistas respiran más tranquilos después del aval que dio el Tribunal hace dos días, la discusión pública no está cerrada. Menos en época electoral.