La Contraloría General estableció que entre 2007 y 2011 hubo un detrimento patrimonial «por manejos irregulares de recursos de las tarifas de aseo» por parte de los siguientes operadores: Atesa, Lime, Aseo Capital y Ciudad Limpia. La imputación de responsabilidad fiscal alcanza los 59 mil 700 millones de pesos. Sin embargo, los operadores deberán responder por 15 mil 482 millones de pesos, pues la Contraloría también señaló que seis exdirectores de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos (Uesp) tenían responsabilidad al realizar «erogaciones irregulares de recursos de tarifas, manejados a través de la denominada Bolsa General del esquema de Aseo de Bogotá»
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Por este proceso, deberán responder los siguientes ex directivos de la Uaesp: Fabiola Ramos Bermúdez, directora encargada entre enero de 2008 y noviembre de 2008 ;Tanny Liliana García Lizarazo, directora encargada, entre 4 de Julio de 2.008 y 8 de Julio de 2008; Victoria Eugenia Virviescas Calvete, directora general en propiedad, entre el 21 de noviembre de 2008 y el 15 de septiembre de 2009; Gerardo Enrique Cuenca Melo, director encargado entre el 4 de noviembre de 2010 y el 5 de noviembre de 2010; Miryan Margoth Martínez Díaz, directora encargada entre el 16 de septiembre de 2.009 y el 12 de agosto de 2011 y Juan Carlos Junca, director general en propiedad entre el 16 de agosto de 2.011 y el 2 de Enero de 2012. Los hechos motivo de este juicio de responsabilidad fiscal y la respectiva imputación de cargos se registraron entre septiembre 30 de 2007 y 31 de diciembre de 2011. Los exdirectores de las UAESP mencionados fueron imputados en este proceso de responsabilidad fiscal por una cuantía de 44 mil 297 millones millones de pesos.
En la misma decisión también se imputan cargos a la Fiduciaria Bancolombia, sociedad fiduciaria administradora del patrimonio autónomo “Fideicomiso P.A. Concesión Aseo”. De acuerdo con la entidad de control, las erogaciones se hicieron para financiar gastos de administración y actividades ya concesionadas; como campañas publicitarias ya concesionadas, pagos dobles para análisis químicos de residuos sólidos y arrendamientos costosos para realizar eventos de procesos licitatorios.
La Contraloría General adelantó este proceso de responsabilidad fiscal en cumplimiento de un control excepcional solicitado por la Comisión Cuarta del Senado de la Republica, de acuerdo a una proposición presentada por el senador Iván Name. En total, la imputación de responsabilidad fiscal es por la suma de 59 mil 700 millones de pesos.