El contrato de suministro de alimentos para los reclusos de la Cárcel Distrital tiene en aprietos al secretario de Gobierno, Hugo Zárrate. Las razones: detrás hubo un proceso de selección cuestionado y que al final se declaró desierto; una declaración de urgencia manifiesta, para adjudicar el contrato de forma directa bajo ley de garantías, y un contratista que, pese a resultar inhabilitado, al final se quedó con el negocio.
Todo se remonta a diciembre de 2012, cuando el anterior secretario de Gobierno, Rigoberto Niño Corredor, adjudicó a la Unión Temporal Distrisocial (conformada por la sociedad Diseral Ltda. y Javier Ignacio Pulido Solano) el contrato para el suministro de alimentos en la cárcel, que iba hasta comienzos de mayo de este año. Por elecciones, la contratación directa quedó congelada por la ley de garantías.
Esto obligó a la Secretaría de Gobierno a abrir un proceso de selección abreviado para elegir al nuevo contratista. Sin embargo, se abrió el 14 de abril, a tres semanas de que terminara el contrato en ejecución. Tras varias modificaciones a los pliegos, se presentaron tres interesados: Ardiko Ltda., Servinutrir S.A.S. y Diseral Ltda. (integrante de la Unión Temporal Distrisocial).
Tras la evaluación jurídica, financiera y técnica, que se conoció el 26 de abril, la Secretaría inhabilitó a Servinutrir y Ardiko. A la primera, porque presentó su postulación 15 segundos después del cierre de recepción de documentos, programado para las 10:00 a.m. del 23 de abril. A la segunda, por no tener inscritas en el Registro Único de Proponentes (RUP) todas las actividades comerciales exigidas y porque las que tenía no estaban catalogadas como nivel cuatro.
La única habilitada fue Diseral Ltda. Ante esto, los representantes de Ardiko cuestionaron el proceso, al considerar que estaba direccionado. Criticó exigencias como tener inscritas en el RUP actividades comerciales adicionales (que sólo cumplía Diseral Ltda.) y el que hubieran eliminado la exigencia de tener RUP en firme, algo indispensable para poder contratar con el Estado. Según Ardiko, esto fue para habilitar a la empresa cuestionada, ya que no cumplía el requisito.
Y fue más directo: “El único favorecido es Diseral, como integrante del actual contratista. El proceso siempre estuvo sesgado para que esa empresa fuera la única habilitada. Este es el típico proceso donde se mueven fuerzas para habilitar a quien lleva varios años ejecutando el contrato y en el que las interpretaciones sesgadas de los requisitos hacen que pierdan el Distrito y las empresas, a las que les vulneran el derecho a participar”.
La audiencia de adjudicación se programó para el 5 de mayo. En ella, la Secretaría de Gobierno desestimó cada uno de los reproches de Ardiko Ltda. Sin embargo, la sorpresa fue que también inhabilitó a Diseral, tras encontrar a última hora que, al igual que Ardiko, tampoco contaba con RUP nivel cuatro. Mediante resolución del 5 de mayo, declaró desierto el proceso.
Ese mismo día, cuando se declaró desierto el proceso, la directora de la Cárcel Distrital le pidió al secretario Zárrate declarar la urgencia manifiesta. El secretario accedió y el 6 de mayo expidió una resolución, amparándose en sentencias, tutelas y conceptos de Contraloría y Procuraduría. La justificación de la Secretaría de Gobierno fue que, debido a que el proceso para elegir nuevo contratista se declaró desierto justo cuando terminaba el contrato de suministro de comidas, no hubo otra alternativa que decretar la urgencia para garantizar la alimentación de los reclusos. Bajo esta figura, se celebró el contrato de prestación de servicios 1071 del 7 de mayo con la Unión Temporal Distrisocial y, de paso, a la inhabilitada Diseral, que al final se quedó con el negocio.
La urgencia manifiesta se puede declarar cuando se amenace la continuidad del servicio, en estados de excepción o calamidades públicas. El único caso que se ajustaba era el primero, ya que la falta de contrato amenazaba la continuidad del servicio de alimentación en la cárcel.
La resolución con la que el secretario de Gobierno decretó la urgencia manifiesta la analizó la Contraloría Distrital y al final la encontró injustificada. Por eso solicitó a la Personería investigar disciplinariamente a Zárrate. Según el ente de control, la Secretaría sabía desde enero que el contrato de alimentos terminaba a principios de mayo. A pesar de esto, abrió el proceso el 14 de abril, es decir, a 20 días de que finalizara el que estaba vigente. Y para completar, hizo exigencias que ningún interesado pudo cumplir. Por eso, concluyó que hubo una violación al principio de planeación, lo que no justificaba la urgencia manifiesta.
“La Contraloría considera que el proceso era de tal importancia que debió atenderse con especial cuidado y suficiente antelación. De tal forma que el principio de planeación debió ser mayor, máxime si era una contratación previsible, importantísima y necesaria. Por eso los motivos del secretario para declarar la urgencia no son de recibo y por consiguiente la resolución no se adecúa a los preceptos de la ley de contratación”, indicó.
Ante esta situación, el secretario de Gobierno dijo que no hubo nada irregular. “Tras las dudas en el proceso de contratación, lo declaramos desierto para ser transparentes. Incluso oficiamos a los entes de control. La Contraloría hará su investigación y la Personería la suya. La urgencia manifiesta fue una necesidad”. Ante el cuestionamiento de haber adjudicado el contrato a uno de los proponentes inhabilitados, dijo que no fue una adjudicación sino una prórroga por tres meses y por $900 millones, mientras se surte de nuevo el proceso de selección.
Más allá de toda la polémica, hay circunstancias alrededor de este contrato poco claras, las cuales la secretaría de Gobierno tendrá que aclarar ante los organismos de control. Hoy, el estudio disciplinario está en manos de la Personería, que decidirá si hubo o no faltas en esta adjudicación.
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@alexmarin55