El Fondo de Seguridad y Vigilancia (FSV) está en crisis. Tan sólo dos meses duró Fernando Arbeláez al frente de la entidad. En la noche del pasado lunes, el alcalde Gustavo Petro le pidió la renuncia. Conocida la noticia, varios directivos del FSV expresaron su intención de dimitir con él. La razón del “despido” es simple: se negó a cumplir la orden del alcalde de firmar, sin importar razones jurídicas, un otrosí al convenio que hay con la ETB para modernizar la línea 123 y autorizar un giro de $28.000 millones. La afrenta provocó la ira de Petro, quien, como lo reveló El Espectador en su artículo “123, en emergencia”, ya había dicho en varias reuniones que quien no estuviera de acuerdo con su decisión, debía renunciar. Como Arbeláez no renunció ni cumplió la orden, el alcalde lo retiró del cargo.
Y es que a Arbeláez le sobraban razones para desobedecer. Detrás del convenio hay advertencias de organismos de control, de la interventoría y de funcionarios del propio Distrito, quienes han señalado que el acuerdo con la ETB tendría “irregularidades insubsanables”, que hacen imposible firmar modificaciones y, menos, girar recursos. Es más, según un documento que conoció El Espectador, la sugerencia era la de liquidar el convenio.
La posición de Arbeláez fue toda una sorpresa. Cuando se posesionó en el Fondo el pasado 25 de mayo, muchos pensaron con él iba a facilitar el impulso el contrato. ¿Por qué? Cuando él asumió aún era miembro de la junta directiva de la ETB. Pero sucedió lo contrario. Rodeado de un equipo más técnico que político, se opuso a avanzar en el proceso, tras encontrar indicios de las posibles irregularidades.
El episodio de ayer obligó a una reunión en el Palacio Liévano, para tratar de menguar la crisis. Una de las metas era convencer de no renunciar a algunos de los directivos, clave para cualquier proceso contractual del Fondo. Pese a esto se supo, al cierre de esta edición, que algunos se mantenían firmes en dimitir. En la reunión se ventiló el nombre de José Cuesta, actual subsecretario de Asuntos Locales, como candidato para reemplazar a Arbeláez. Con él, según fuentes del Distrito, el alcalde garantizaría el cumplimiento sin objeción de sus órdenes. Como antecedente de la lealtad de Cuesta con Petro está que fue quien impulsó el año pasado la “tutelatón”, con la que se frenó la salida de su cargo.
El detonante
Los líos detrás del convenio con la ETB para modernizar la 123 surgieron a la luz a comienzos de este mes, cuando la ciudad por poco se queda sin la línea de emergencia por falta de pago. Para ese momento ya se habían dado muchas reuniones para tratar de enderezar el camino del convenio. Con la llegada de Arbeláez los encuentros se convirtieron en una lucha de poderes entre los que, respaldados en los informes de interventoría, insistían en revisar el convenio y los que buscan seguir sin reparos. A mediados de este mes fue cuando Petro, por primera vez, dio la orden de seguir a toda costa.
El panorama parecía haber cambiado tras una reunión el 23 de julio, donde todas las partes (incluida la ETB) acordaron liquidar el convenio y suscribir uno nuevo para corregir las inconsistencias. Sin embargo, al día siguiente la orden de Petro fue suscribir el otrosí (sí o sí) e incluir un pago a la ETB por $27.500 millones. Fue ante el ultimátum que los directivos del Fondo se negaron.
Así se lo hicieron saber ese mismo día a la secretaria de Gobierno, Gloria Flórez, a través de una misiva en la que señalaron que “a propósito de la orden impartida por el alcalde, de suscribir un otrosí , las directivas del Fondo la encontraban inviable. Las consideraciones parecen más que válidas. Por ejemplo, que la Contraloría descubrió una serie de irregularidades insubsanables alrededor del convenio, como violación al régimen de contratación, así como la carencia de anexos técnicos, económicos y financieros. Además, recordaron que la interventoría evidenció inconsistencias que harían inviable el convenio como el incumplimiento de las pólizas y “del cronograma pactado para la puesta en marcha de la nueva plataforma”.
Para completar la justificación, se apoyaron en un informe de la Secretaría General, presentado por la propia secretaria Martha Lucía Zamora, en el que, por ejemplo, ratifican lo dicho por la Contraloría y encontraron que faltaban estudios previos, de mercado, así como anexos financieros, de costos y de riesgos que permitieran una estructuración contractual. Además, advirtió que se desembolsó el anticipo “sin haber elaborado un plan de inversión y que se autorizó el giro sin que la interventoría hubiese obtenido soportes de la amortización. La Secretaría General, ante el panorama, recomendó informar las irregularidades a las autoridades.
“En presencia de las circunstancias anteriores, para este equipo directivo resulta inviable, desde el punto de vista económico, financiero y jurídico, la suscripción del citado otrosí sin que se superen las falencias”, concluye la carta, que fue el detonante que desencadenó el “despido” de Arbeláez. Una vez más cabe la pregunta: ¿cuál es la obstinación de Petro en este convenio?