Según el general, la medida evitaría instaurar la denuncia en la URI, legalizar la orden por un juez y solicitar la intervención del CTI de la fiscalía, proceso que dura aproximadamente tres días.
La idea es que la Alcaldía y la Policía soliciten a la Fiscalía General de la Nación la presencia permanente de dos fiscales por localidad.
Estos funcionarios podrían tramitar de manera inmediata la judicialización y hallanamientos de predios.
Por su parte, la secretaria de gobierno, Clara López, se comprometió a organizar la agenda del alcalde Samuel Moreno, para asistir a las invitaciones del Congreso de la República y debatir el tema de seguridad.