La indignación estudiantil en la Universidad Distrital ha aumentado en los últimos días por las denuncias provenientes del Concejo Distrital y las decisiones que han tomado los representantes del Consejo Superior Universitario (CSU). A la inconformidad por la reforma académica aprobada en 2013 por el Consejo – los estudiantes denunciaron que ésta genera «más burocracia» al interior de la institución educativa – se suman los cuestionamientos de algunos concejales de la ciudad y la investigación que abrió la Contraloría de Bogotá por un presunto «carrusel de pensiones».
El primero en criticar la situación actual fue el concejal Carlos Vicente de Roux, quien denunció una «camadilla de políticos que se han tomado la Universidad. El gobierno Nacional tiene dos delegados en el Consejo Superior: uno del presidente y otro del ministerio de Educación. Lo que nos han dicho es que éstos han sido nombrados a instancias del senador Samuel Arrieta (perteneciente al Partido de Integración Nacional (PIN)). Si uno estudia los procesos de elección el Consejo Superior encuentra cosas muy raras: manipulaciones de elecciones, suspensión de procesos; requisitos absurdos para elegir rector. Por ejemplo, se han realizado dos elecciones para elegir el representante de los egresados y han resultado fallidas. Todo este manejo, se podría suponer, hace parte de la mermelada del Gobierno Nacional».
De Roux también criticó que la Nación aporte cerca de $15.000 millones al año para la Universidad Distrital, «mientras que Bogotá le da un poco más de $150.000 y solamente tiene un representante en el CSU. Además, el Consejo ha cercenado las facultades del Consejo académico, concentrando el poder y afectando el desarrollo académico de la Universidad. Las prácticas clientelistas son normales al interior de la Universidad». De hecho, algunas versiones señalan que el concejal Hossman Martínez, perteneciente al Partido Verde, tiene intereses en la institución educativa.
En diálogo con El Espectador, Martínez se defendió ante tales acusaciones: «En el año 98, cuando tenía 17 años, hice marchas en contra del Consejo Superior Universitario, porque el modelo es el mismo desde hace décadas. Los poderes económicos y políticos tienen interés allí porque hay botín de $300 mil millones. Samuel Arrieta sí es mi amigo, lo conocí cuando yo era líder estudiantil y él era secretario general de la Universidad. Cada ocho días me veía con él, yo no voy a negar a mis amigos. Sin embargo, mi trabajo parte de los barrios, jamás he necesitado de Samuel. Qué me busquen lo que quieran, y verán que yo no me he inmiscuido en los procesos de contratación de la Universidad. Me ofrecieron ser director de bienestar Universitario durante el periodo de Carlos Ossa Escobar pero no acepté. Pueden decir lo que quieran de Arrieta, pero yo no voy a cargar con esa cruz».
El lunes pasado, el alcalde Gustavo Petro escuchó a los estudiantes de la Universidad en la Plaza de Bolívar; acto que fue criticado por el concejal Martínez: «El alcalde tiene voz y voto en el CSU y sólo ha asistido a dos sesiones. Dijo en campaña que asumía el futuro de la Universidad Distrital y no ha sido así. Puso a Óscar Sánchez, secretario de Educación, como representante del Distrito. Sánchez s se asustó, le faltó liderazgo y les entregó el Consejo a los demás representantes, que sin duda tienen responsabilidad en la crisis de la Universidad. Tuvieron la oportunidad de buscar una solución para un problema de décadas y no lo hicieron».
Además de las denuncias de clientelismo desde el Concejo Distrital, la Contraloría de Bogotá investiga 104 casos en donde habría cobros excesivos de pensiones en la institución educativa. De acuerdo con el ente de control, seis funcionarios que trabajaron en la Distrital habrían recibido pagos por cerca de $1.700 millones.