El drama que viven 160 familias en el barrio Marruecos, ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe, está lejos de terminar. Desde el 18 de enero, día en que comenzó el desalojo, han sido demolidas unas 90 viviendas y todavía faltan por ser derrumbadas más de 50 predios.
En estos momentos el desalojo se encuentra suspendido debido a la orden de la Corte Constitucional de suspender la diligencia como consecuencia de las más de 30 tutelas que han sido interpuestas por parte de las víctimas de urbanizados piratas.
La alcaldesa de Rafael Uribe Uribe, Martha Bolívar, dijo que las autoridades están investigando a Iván Olimpo Garzón, uno de los presuntos urbanizadores piratas responsable de vender lotes que no son de su propiedad. La funcionaria dijo que todavía no hay juicio jurídico en su contra porque no hay denuncias de los afectados.
A la tragedia del desalojo se suma un voraz incendio que se registró en la madrugada de este viernes que consumió ocho viviendas. Hasta el momento las autoridades desconocen las causas de la conflagración, sin embargo, vecinos aseguran que se trata de manos criminales que intentaban frenar el desalojo.
De las viviendas que ya fueron demolidas un 30% se encontraban habitadas. Según información suministrada por la Alcaldía de Rafael Uribe Uribe, los habitantes del sector han acatado la orden de desalojo y han evacuado las viviendas sin mayor problema. No obstante, este jueves tres personas resultaron heridas, entre las cuales se encuentra un uniformado y una patrullera de la policía.
A esta hora, la alcaldesa de Rafael Uribe Uribe realiza un registro de las casas que faltan por demoler y está a la espera de que la Corte Constitucional autorice seguir con la diligencia para que se lleve a cabo la construcción de un parque metropolitano.
Según el fallo expedido este jueves por el alto tribunal, es obligación de un Estado brindarle y proteger el derecho a la vivienda digna a las personas como lo señala la Constitución Política de Colombia.
El próximo lunes 23 de enero peritos judiciales se trasladarán hasta ese lugar con el fin de estudiar la situación de estas personas.
“Se allegará información de lo que está sucediendo y de los hechos registrados en la presente semana. Así como material fotográfico, documentos, escritos y demás que sean conducentes para la dilucidación de lo demandado” por los habitantes del sector, precisó el presidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao.
Las compañías de luz, recolección de basuras, agua y alcantarillado deberán presentar en los próximos días un informe en el que se aclare las actividades que se han realizado en materia de instalación, recolección y cobro de los servicios.