La Plaza de Bolívar es, desde el 9 de diciembre de 2013, el escenario de las movilizaciones en favor del alcalde Gustavo Petro. La destitución dictada por la Procuraduría y la inhabilidad para ejercer cargos públicos por 15 años han generado una serie de manifestaciones ciudadanas en ese lugar. Una de ellas, la creación de la “Aldea de Paz Bacatá”, especie de campamento que rodea la estatua de Simón Bolívar conformado por cerca de 60 personas que dicen “estar indignadas” con el Estado colombiano. No todas apoyan al alcalde.
Esta “aldea”, sin embargo, ha empezado a causarle problemas al Distrito. El Ministerio de Cultura radicó una queja en la Procuraduría por la posible vulneración de un bien de interés cultural del ámbito nacional, es decir, la Plaza de Bolívar. No existe, alega el ministerio, un plan de intervención para proteger el patrimonio en la plaza.
Esta no ha sido la única crítica proveniente del Mincultura. Este diario conoció una carta enviada por el director de Patrimonio del ministerio al alcalde, Gustavo Petro, el siete de enero de este año, en la cual cuestiona el plan de revitalización que se ejecuta en la actualidad. Allí, la Dirección de Patrimonio dice que el Distrito no ha formulado un plan especial de manejo y protección (PEMP) para la intervención en el centro tradicional y el plan de revitalización, señala, “no cumple con lo dispuesto en la ley general de cultura”.
La Procuraduría, que deberá resolver la queja interpuesta por el ministerio, también está evaluando los argumentos presentados por el Distrito. Hasta el momento, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) ha resumido una serie de acciones que se han realizado en la Plaza de Bolívar.
Después de la movilización del paro agrario, dice el IDPC, “se llevaron a cabo procesos de mantenimiento en el pedestal, la plataforma, los muros y pisos de la plaza. Se llevó a cabo la limpieza superficial y profunda, la desinfección, remoción de grafitis con solventes orgánicos y microabrasímetro, elaboración de probetas para la aplicación del producto antigrafiti”. Tan sólo esta intervención, señala el IDPC, tuvo un costo de $190 millones. A estos gastos se suman $35 millones que fueron necesarios para retirar los grafitis que aparecieron después de las protestas.
Dentro los argumentos a favor del Distrito está la autorización que entregó el Ministerio de Cultura para que el IDPC realizara el proyecto de mantenimiento y conservación de la Plaza de Bolívar. El 12 de enero de 2013, la dirección de patrimonio del ministerio le comunicó al IDPC que la propuesta presentada “se considera necesaria para garantizar la conservación y adecuada presentación de este lugar de alta importancia histórica y social”.
En relación con la queja que instauró el Ministerio de Cultura por la ausencia de un plan especial de manejo para el plan de revitalización, la directora del IDPC, María Eugenia Martínez, le dijo a este diario que “el PEMP es un instrumento que no riñe con el plan de revitalización, es un listado, una metodología, y no es una estrategia correcta para ordenar el territorio. La revitalización es un instrumento para gestionar el patrimonio; el PEMP es para valorarlo. En muchas ocasiones, el PEMP termina siendo un documento que no se aplica. Si el ministerio tiene buena voluntad, este plan podría asimilarse a un PEMP”. Lo cierto, en todo caso, es que el PEMP aparece como un requisito en la ley 388 de 1997 y en el decreto 763 de 2009.
Además, argumenta Martínez, la elaboración de un PEMP generaría retrasos en la ejecución del plan de revitalización, y sobrecostos para el Distrito: “Los trámites con el ministerio son un obstáculo para intervenir el patrimonio cultural. Solamente el PEMP del San Juan de Dios costó $1.600 millones. El plan de revitalización, a diferencia del PEMP, es participativo: construimos un proyecto sobre micro territorios, en donde se entiende cuál es la apropiación social en el centro histórico”.