Con mapa en mano y un completo informe que detalla cómo fue la compra de los predios para la construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO), la secretaria de Planeación Distrital, María Mercedes Maldonado, llegó el jueves hasta la oficina del Contralor Distrital, Diego Ardila. La visita tenía un solo propósito: advertirle al ente de control que los exalcaldes Enrique Peñalosa, Antanas Mockus y Juan Martín Caicedo Ferrer habrían pagado por terrenos en el tramo norte rural de la ALO precios aún más altos de los avalúos actuales, generando así un posible detrimento patrimonial para la ciudad. Todo esto con el fin de que el ente de control haga una labor preventiva en la compra de presiod oúblicos en Bogotá.
La denuncia se conocía desde el miércoles de la semana pasada cuando Maldonado lo informó al Concejo durante un debate acerca del futuro de la ALO. Ese día las declaraciones de Maldonado fueron mal interpretadas y algunos concejales señalaron alarmados que la secretaria había asegurado que los exacaldes tenían terrenos alrededor de la vía. El asunto se aclaró días después, pero la polémica por la compra de predios apenas empezaba.
Hasta entonces se desconocía quiénes habrían vendido los predios en cuestión al Distrito. El Espectador pudo corroborar que entre los propietarios que supuestamente habrían recibido sumas superiores a lo que costaban realmente sus tierras figuran Inversiones agropecuarias Jaramillo Mejia y compañía S.A., Malibú S.A., Sociedad Inversiones San Simón S.A. y Mudela del Río (las dos últimas en liquidación), entre otros.
De los tres exalcaldes fue Enrique Peñalosa quién compró la mayoría de los terrenos del tramo norte. Aunque el exmandatario ha insistido en que esas tierras se habrían adquirido a precios muy bajos, si se tiene en cuenta que para la época el país atravesaba por una fuerte recesión económica, otra cosa dice el estudio adelantado por Planeación Distrital. Sin embargo, debido a que hace más de cinco años se hizo la compra de los predios (entre 1998 y 2000), el proceso ya prescribió y legalmente nada se puede hacer al respecto. Así lo explica el contralor Diego Ardila: “Lo que podemos decir después de escuchar a la secretaria de Planeación es que de acuerdo a la ley 610 de 2000 hay un término de cinco años a partir del hecho dañoso para abrir un proceso de responsabilidad fiscal y en este caso ya no podemos hacer nada”.
No es la primera vez que a la Contraloría Distrital llegan denuncias por posibles irregularidades en la compra de los predios. Un informe realizado en 2003 por el ente de control, que coincide con las afirmaciones de Maldonado, advierte entre otras anomalías que “se adquirieron predios en los sectores centro y norte con los valores más altos para el proyecto, contribuyendo a su desfinanciación”. Además, que se hicieron contratos de promesa de compraventa sin que el IDU contara con la licencia ambiental, generando sobrecostos para el proyecto. En total fueron seis hallazgos disciplinarios y dos fiscales y, pese a que la Contraloría abrió dos procesos de responsabilidad fiscal, hoy nadie en el ente de control explica por qué fueron archivados tiempo después.
Para continuar con la construcción de la mega autopista o sacar adelante los proyectos que propone el alcalde Gustavo Petro para la vía aún falta comprar 696 de los 1.109 predios. Aunque el proceso haya prescito, el estudio de Planeación Distrital pone sobre la mesa la necesidad de establecer mecanismos de control para evitar que la ciudad siga perdiendo a la hora de comprar tierras.