Bogotá jugará un papel trascendental en la construcción de la paz, una vez las negociaciones que el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc desarrollan en Cuba culminen con un acuerdo que le ponga fin al conflicto armado. Esa es la tesis que ha defendido el alcalde Gustavo Petro con la creación de la Alta Consejería para las Víctimas, la puesta en marcha del Comité de Justicia Transicional y la promoción de la Zona de Reserva Campesina en el Sumapaz. Pero también es la idea que organizaciones civiles y la Secretaría de Gobierno aplicaron durante los últimos cinco meses en un encuentro que produjo la que podría ser la primera política pública local para el posconflicto.
Ayer, en la clausura del seminario “Los procesos de paz en Colombia, políticas, experiencias y compromisos del Distrito Capital”, Norma Hernández, de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, y Nelson Plazas, excombatiente del Epl y miembro de la Fundación Cultura Democrática, leyeron un documento que el Distrito y la sociedad civil vienen modelando desde el mes de febrero: la formulación de una política de paz para Bogotá y recomendaciones para la Nación en el marco de las negociaciones que el Estado, en cabeza del gobierno de Juan Manuel Santos, y la guerrilla de las Farc sostienen en La Habana, Cuba.
Una de las principales preocupaciones de las dos partes de la negociación es qué pasará con los combatientes de la guerrilla y las Fuerzas Militares que, con ocasión de la paz, dejen las armas. Cómo poner a estas personas al servicio de la reconciliación de la sociedad colombiana. Pues bien, en este documento, que le será entregado al alcalde para que con base en él diseñe una política distrital de paz, se plantea la creación de una universidad para la paz que no sólo tenga una oferta académica profesional y técnica para excombatientes, sino que tenga un énfasis en la historia del conflicto y sus consecuencias y además forme líderes en programas de reconciliación.
“Ya en el plan de desarrollo de la ciudad está contemplada la construcción de varias sedes de la Universidad Distrital en las localidades. Con esta propuesta, buscamos que el gobierno nacional ayude con recursos para la construcción de una de ellas que tenga énfasis en la paz”, dice Blanca Valle, coordinadora del proyecto y funcionaria de la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno. “El estudio y la formación les permitirán a los miembros de esta población constituirse como sujetos autónomos, evitando que sean reciclados en otras formas delincuenciales y de violencia”, añade Valle.
Otra de las propuestas del documento que llaman la atención es la creación de un “plan de acción territorial, provincial y regional de paz” en la localidad de Sumapaz, el cual reconoce a la localidad como un escenario histórico de las luchas campesinas y como foco del conflicto armado en Bogotá y Cundinamarca. Por eso, más allá de plantear la necesidad de que allí se decrete una zona de reserva campesina (reglamentadas por la ley 160 de 1994), las organizaciones y el Distrito estuvieron de acuerdo en que lo primero es generar espacios de diálogo y concertación entre las autoridades locales y la población civil, además de hacer de esa región “el centro de producción de los alimentos que en la ciudad se consumen y así consolidar la cultura campesina que allí es mayoritaria”, dice Valle.
El documento también plantea la creación de un mercado campesino que comercialice los productos de las víctimas de desplazamiento que decidan, una vez firmada la paz, volver a los territorios de los que fueron despojadas. Se crearía toda una red de abastecimiento para la ciudad, que no sólo fortalezca la política de las plazas de mercado populares, sino “la reintegración de las víctimas que, en últimas, es el enfoque de la política de derechos humanos del Distrito”, afirma Valle.
En cuanto a las negociaciones de La Habana y las políticas que de allí se desprendan, el documento dice que una política pública de paz debe contener “voces heterogéneas que nutran la construcción de nuevos acuerdos y pactos de democracia (…) y generen condiciones afirmativas para la participación y el ejercicio de derechos”. Y, en ese sentido, dice que debe tener enfoques de género (con especial atención sobre asuntos LGBTI), étnicos, de ciclos vitales (edad), de discapacidad y territoriales.
Sin embargo, si bien quienes se oponen a la administración de Gustavo Petro aplauden algunas iniciativas de este documento, critican otras. Es el caso de Alfredo Rangel, analista político de quien se rumora está preparando una candidatura al Congreso por el Centro Democrático (del expresidente Álvaro Uribe). “Este es un documento que no se puede aislar de lo nacional. El tema de la universidad para la paz es muy positivo. Fíjese que en España, que no ha padecido una guerra tan cruenta como la nuestra, ese experimento ha dado resultados. Colombia tiene todo el potencial para convertirse en un referente de investigación académica sobre la guerra, la paz y la reconciliación”. Y añade que “eso de que a través del Sumapaz se puede lograr la autarquía alimentaria es una forma de justificar la creación de una zona de reserva campesina. Y eso es hacerle el juego a las Farc que, es de público conocimiento, han hecho de esa figura una bandera y también, históricamente, han tenido gran influencia en los campesinos de esa región”.
El documento le fue entregado a Jorge Rojas, secretario privado de la Alcaldía, para que le dé trámite con el alcalde, quien, según contaron los organizadores, ya ha hablado de cada uno de los puntos que en el documento se mencionan. Ahora, si es que llega a consolidarse esta propuesta, la administración tendrá que discutirla con la oposición en la ciudad y con el gobierno nacional que, como quedó en evidencia con la marcha por la paz negociada del pasado 9 de abril, necesita del gobierno de la ciudad para ambientar su más grande apuesta: el fin del conflicto.