El pasado lunes el Instituto Distrital de Patrimonio declaró desierta, por segunda vez, la licitación por medio de la cual pretendía otorgar el contrato de reforzamiento estructural de la Plaza La Santamaría. De esta manera, el Distrito incumplió con el plazo que la Corte Constitucional le había dado en febrero pasado para que este martes 17 de marzo legalizara el contrato.
El argumento en esta ocasión fue que los dos proponentes que competían incumplieron con requisitos establecidos en el pliego de condiciones.
Este miércoles la Secretaría General del Distrito presentó ante la Corte Constitucional el informe con los argumentos técnicos y jurídicos que llevaron a declarar desierta la licitación de las obras de reforzamiento estructural en la Plaza La Santamaría.
En el documento, la Secretaría General advierte al Alto Tribunal sobre el incumplimiento de requisitos de los consorcios Santamaría 2015 y Santamaría 01, que se presentaron a la licitación.
La Secretaría General y el Instituto de Patrimonio establecieron que en una de las propuestas no se presentó la homologación del título de uno de los profesionales exigidos; mientras que en el caso del segundo consorcio, su representante legal no estaba autorizado para comprometer a la sociedad por un monto superior de los seis mil millones de pesos, cuando el costo de la obra era de 6.500 millones.
“Hemos sido exigentes, en eso somos muy estrictos, sabemos la responsabilidad tan grande que tenemos como Distrito de responder ante una obra como es la Plaza de la Santamaría y yo creo que a pesar de la presión mediática, tenemos que actuar de una manera muy seria y objetiva frente a esta licitación”, advirtió la secretaria general del Distrito, Martha Lucía Zamora Ávila.
La Administración Distrital anunció una licitación abreviada para adjudicar, en el menor tiempo posible, las obras de reforzamiento estructural de la Plaza La Santamaría.
La Corte Constitucional falló el año pasado una tutela a favor de la Corporación Taurina de Bogotá, en la que obligaba a la Alcaldía a permitir que en la Santamaría se celebre la fiesta brava. El alcalde Gustavo Petro había revocado el contrato de arrendamiento con la Corporación con el fin de destinar el escenario a otro tipo de actividades culturales.
El distrito aceptó la decisión, pero argumentó que primero debía adelantar las obras de reforzamiento como medida de seguridad. En el primer intento, solo se presentó un proponente y, en diciembre pasado, se declaró desierta la licitación. La Corte, basada en el cronograma del nuevo proceso de adjudicación, le dio plazo a la Alcaldía para que legalizara el contrato este martes.
La asesora jurídica del Instituto, Diana Zoraida Pérez, le dijo a El Espectador que ahora pueden optar por un proceso de selección abreviada que “dura entre 30 y 35 días y comenzará una vez se resuelvan los recursos que interpongan los consorcios”.
La licitación es por $6.500 millones y está planeada para 18 meses. Después de que terminen estas obras los toros podrán volver a la Santamaría, algo que se prevé para la temporada 2017.