“En lo que resta de enero vamos a ir a las 20 localidades de la ciudad para contarles cuáles son las ventajas de tener un transporte organizado que pare en los paraderos, con buses limpios, que no tenga sobreoferta y sin la guerra del centavo”. Esto, según dijo ayer el secretario de Movilidad, Fernando Álvarez, mientras anunciaba una campaña de socialización de lo que será el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) que, en teoría, debe entrar en funcionamiento en febrero-marzo del próximo año.
En este momento, el proceso de estructuración del Sistema se halla en la etapa de prepliegos que, según el último cronograma de la Secretaría, deben aprobarse el 30 de enero. Los pequeños propietarios de vehículos de transporte colectivo le han pedido reiteradamente a la administración que este plazo se amplíe.
Desde aquí empieza la presentación de las propuestas por parte de las empresas que aspiran a operar el SITP y que serán escogidas a mediados de este año. Algunas personas, como el concejal Carlos Vicente de Roux, del Polo, han alertado sobre aspectos a corregir en los pliegos para garantizar una repartición equitativa del transporte de la ciudad, un negocio que mueve ocho mil millones de pesos diarios. El SITP divide a la ciudad en 13 cuencas de circulación, más una zona central (desde los cerros orientales hasta la NQS y desde la calle 100 hasta la 22 sur), que serán operadas por varias empresas que responderán por todos los aspectos del servicio, desde el estado de la flota de buses hasta la calidad del mismo. Para De Roux, tal como están los pliegos, las condiciones de escogencia de los participantes en la misma están más del lado de los grandes capitales que de los 15 mil pequeños propietarios que hay en la ciudad, y que, en muchos casos, son familias enteras que viven del producido de un bus o buseta.
“No es conveniente que un solo concesionario pueda controlar hasta tres zonas de operación. Si eso se admite se puede llegar al caso de que dos empresas, cada una con tres zonas de operación, manejen casi la mitad de las cuencas en las que funcionará el SITP”. Se lee en una carta que De Roux le envió al secretario Álvarez, a finales de 2009, en la que también figuran objeciones a la forma como se otorgaría el puntaje de calificación a las empresas que tengan más rutas en transporte colectivo o más buses en el masivo. Según el concejal, esto significa que el mecanismo de puntaje premia a las grandes estructuras y no a los pequeños propietarios.
Lo anterior tiene el agravante de que, en el caso del transporte colectivo, las empresas afiliadoras actuales no responden por la calidad ni la operación del servicio, apenas cobran los dividendos que deja el funcionamiento de las rutas. “Trabajan con un esquema de afiliación de vehículos y usufructo de rutas que no les fueron asignadas mediante un proceso licitatorio abierto y claro”, dice la comunicación del concejal al secretario. A renglón seguido se lee: “Si esto se desconoce se terminará premiando a las empresas más grandes del servicio colectivo actual, que son las usufructuarias del modelo que, por inconveniente para la ciudad, se pretende justamente superar”.
Sin embargo, De Roux aclara que no todo en los prepliegos de la licitación es oscuro. Una de las condiciones de éstos establece que la empresa que gestione una cuenca determinada deberá tener en cuenta en su composición accionaria a los pequeños propietarios que operen en esa zona. “Hay que aplaudir que los incluyan, porque podrían no haberlo hecho. Pero aún hay situaciones que toca ajustar para que, en efecto, se garantice que éstos entren a participar en el negocio de manera más equitativa y participativa”, dice el concejal.
El plazo de recepción de la Secretaría de Movilidad a las observaciones de los prepliegos de la licitación es el 22 de enero. La respuesta oficial a los cuestionamientos tiene que producirse el 29 de enero. Al día siguiente los pliegos quedarían oficializados.