Un estudio realizado por la Personería de Bogotá indica que la Administración del exalcalde Samuel Moreno recibió una tasa de 20,5 homicidios por cada cien mil habitantes y entregó una de 21,5.
“La seguridad continuó el deterioro, siguió el aumento en los accidentes de tránsito, suicidios, hurto a motos y bancos, entre otros”, dice el informe realizado por el organismo de control.
La investigación se refiere a la desarticulación de esfuerzos bajo la forma de una confusión de roles y funciones. Las diferentes instancias distritales tienden a ejecutar actividades sectoriales (educación, vías, empleo, salud) pero suelen operar con enfoques universales para todas las problemáticas. Así, entran en conflicto y no cumplen con las funciones de articulación que permitirían potenciar y complementar sus políticas desde la institucionalidad.
“Las Alcaldías locales tienden a concentrarse en la realización de operativos y el fomento de algunas actividades de prevención, aunque tampoco logran subsanar la desarticulación en sus espacios locales. En otras palabras, las entidades responsables se enfrascan en verdaderas batallas por el control territorial y su accionar no impacta de manera efectiva las causas objetivas que originan el conflicto”.
El control de los establecimientos de comercio y del espacio público que corresponde a las Alcaldías Locales es “dispendioso, lento y no responde a las necesidades de la comunidad. El trámite ordinario de una querella puede tardar de tres a cinco años y los problemas ocasionados por bares, tabernas y clubes sociales, entre otros, es permanente y costoso en cuanto a problemas de seguridad y convivencia”.
Así mismo, agrega que la estructura funcional del Fondo de Vigilancia y Seguridad para dotar a la Policía de los elementos logísticos básicos y acompañar su labor, no resulta eficaz para adelantar proyectos y programas en materia de prevención, principio básico de la Administración Distrital en materia de seguridad.
“Existen serias limitaciones institucionales para responder oportunamente a las denuncias de la comunidad. Las soluciones ofrecidas a las problemáticas se basan en operativos, son coyunturales y, en la mayoría de los casos, no son de fondo. La responsabilidad institucional para dar respuesta se diluye en tramitología”.
Desde las comunidades, y algunas entidades, existe la impresión de que “no hay inversión importante en el tema”. Con ello se desconoce la inversión central, sectorial y local. Además, se eluden los problemas realmente existentes con una inversión dispersa y sin criterios racionales de focalización, ausencia de priorizaciones estratégicas y escasa evaluación del uso de los recursos.
Las respuestas que se brindan desde la Administración a la problemática de seguridad en lo local se dan más como la proliferación de acciones para las necesidades más inmediatas y no preventivamente como está técnicamente concebido el modelo. El manejo del tema se convierte en la sumatoria aislada de medidas interinstitucionales desde el nivel central y/o local, frecuentemente carentes de interlocución y, por tanto, no coordinadas.