El contralor y el personero de Bogotá terminarán sus períodos en febrero y probablemente saldrán de sus cargos sin reemplazos definidos. La elección de los sucesores le corresponde al Concejo, pero un embrollo legal podría impedir que el trámite se surta en las primeras sesiones, como es habitual cada cuatro años. La situación es conocida entre los concejales y diferentes bancadas estudian las posibles salidas para llegar con un horizonte claro el 1º de febrero, cuando comienzan las sesiones.
El asunto no es de poca monta, si se tiene en cuenta que lo que está en juego es la elección de aquellos con la misión de vigilar las actuaciones de la administración distrital y ver que se ajusten a los estándares disciplinarios y económicos. Y aunque la elección está en manos del Concejo (donde Peñalosa tiene apoyo de las mayorías), algunos esperan que quienes resulten electos cumplan su misión con la misma rigurosidad con la que vigilaron al saliente alcalde Gustavo Petro.
Todo empezó con la reforma de equilibrio de poderes que el Congreso aprobó en julio de 2015 y que modificó la forma para seleccionar al personero y al contralor. Según la reforma, el Concejo ya no los elegiría de una terna enviada por el Tribunal Superior de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sino que se encargaría directamente del proceso, a través de una convocatoria pública. El mecanismo señala que se deben recibir las hojas de vida de los aspirantes y someter a votación de la plenaria los nombres de quienes cumplan todos los requisitos. En resumen, aplicar la llamada meritocracia.
Sin embargo, para implementar el nuevo proceso los concejales debían cambiar el reglamento interno del Concejo, a través de un proyecto de acuerdo. Así lo hicieron el 9 de diciembre pasado y el texto pasó a sanción del entonces alcalde Gustavo Petro. El 18 de diciembre, sin embargo, el mandatario objetó el proyecto, específicamente el artículo que modificaba la elección de contralor. Por eso devolvió el acuerdo al Cabildo, pero nada se podía hacer pues las sesiones habían terminado.
La razón que expuso Petro fue la siguiente: el texto de la reforma de equilibrio de poderes, que fue una reforma a la Constitución, estableció que el mismo Congreso debe tramitar una ley que detalle el procedimiento para que los concejos hagan la convocatoria pública para la elección de contralores y personeros. La ley aún no existe. Y aunque el Concejo de Bogotá fijó en el acuerdo cómo hacer la convocatoria, la objeción de Petro señaló que eso “es inviable jurídicamente”, precisamente porque hace falta la ley que reglamente el trámite.
Demora
Esta situación obliga a que el próximo lunes, cuando comience a sesionar el nuevo Concejo, una de las primeras tareas sea revisar las objeciones del exalcalde Petro. Primero por una comisión especial, que tendrá diez para hacerlo. Luego pasará a plenaria. Si no aceptan las objeciones, el caso pasará al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que dará la última palabra. Si, en cambio, las consideran válidas, el proyecto se archivará y tendrán que encontrar otra salida. En este proceso estará la demora, sobre todo si el caso pasa a manos de los magistrados.
Hay que tener en cuenta que el contralor Diego Ardila termina su periodo el 14 de febrero, y el personero Ricardo Cañón, el 29. En caso de que se cumplan las fechas sin tener reemplazo, el alcalde Enrique Peñalosa tendrá que elegir a un personero y a un contralor encargados, entre los empleados de carrera de cada entidad.
Una duda que inquieta a los concejales consultados por este diario es si las dos elecciones quedan en el limbo. Los argumentos de Petro contra el proyecto del Concejo solo tocaron lo referente a la elección del contralor, por lo que hay quienes creen que, en ese caso, la convocatoria para la Personería está libre de controversia. Otros consideran que ambos procesos, por hallarse en el mismo proyecto, están en entredicho.
Lo que sí se mueve es el sonajero de aspirantes. Para la Contraloría se habla de Altus Alejandro Baquero, exsecretario privado de la Registraduría Nacional; desde diciembre ha sonado Rafael Torres, exsecretario del Fondo Nacional del Ahorro, y se les suma Juan Carlos Granados, quien en diciembre terminó su período como gobernador de Boyacá, elegido por una coalición de liberales y la U.
Para la Personería la lista incluye a Ricardo Cañón, actual personero, pero se dice que podría inclinarse más bien por buscar la Defensoría del Pueblo; al académico Carlos Moreno y al actual contralor, Diego Ardila. Cabe recordar que, como lo informó este diario, un concepto de la Oficina Jurídica de la Alcaldía, basada en jurisprudencia de las altas cortes, concluyó que si el contralor quiere ser personero, debió haber renunciado un año antes a su cargo, algo que no hizo Ardila.
Son nombres que, aunque quieran confirmar su aspiración, deberán esperar a que en el Concejo se resuelva este enredo jurídico.