El proyectil, disparado desde una pistola calibre nueve milímetros, atravesó la ventana de la sala, quebró el portarretrato que tenía la foto de María José —la niña mayor de la casa— y se incrustó en el sofá. María José, de cinco años, dormía, por eso no se dio cuenta de que su fotografía fue destrozada con el impacto de la bala. La que sí sintió el estruendo fue la empleada del servicio, quien le avisó inmediatamente al dueño de la casa: el abogado Rodrigo Ignacio Méndez Parodi.
El sospechó que el cartucho procedía de la Escuela de Caballería porque en otras ocasiones —asegura—, balas que provenían del polígono habían golpeado la fachada de su casa: un edificio azul, de tres pisos, ubicado en la vía a La Calera. Hasta hace cinco años la casa fue una discoteca, llamada inicialmente Carazua y después Masai. Desde ese tiempo, Rodrigo Ignacio dice haber encontrado vidrios rotos por proyectiles que venían del campo de tiro al blanco de la Escuela de Caballería, la cual queda a unos 1.500 metros de la casa.
Desde que el edificio era escenario de rumba —diez años atrás— y no la casa de su familia, Méndez dice que le está pidiendo a la Escuela de Caballería tomar medidas de seguridad y “hace más de un año, formalmente, estoy enviando comunicaciones por escrito. Los comandantes siempre me han atendido, muy amables, pero no han hecho nada aparte de enviar comunicaciones internas advirtiéndoles a los subalternos que no disparen fuera del stand (único lugar autorizado dentro del polígono para realizar tiro al blanco)”.
Por eso la bala que entró a su casa y destrozó el portarretratos de la hija y se encajó en el sofá, lo llevó a imponer una acción de tutela ante la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, “en nombre propio y de sus dos menores hijas María José y Valentina Méndez Cruz, contra el Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional y la Escuela de Caballería”.
“El gestor instauró acción de tutela para que mediante el amparo de los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la vivienda digna, se suspenda la práctica de tiro al blanco en el polígono de la escuela accionada”.
En primera instancia no le dieron la razón a Méndez, pero se advirtió a la Escuela de Caballería sobre las medidas de seguridad que debía tomar. En segunda instancia la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, falló a favor del señor Méndez Parodi y determinó que la Escuela debía suspender las actividades en el área de polígono “hasta tanto realice las obras necesarias que permitan su uso de manera totalmente segura para la comunidad circunvecina”.
En el polígono
Desde la entrada de la Escuela de Caballería hasta el polígono hay una angosta carretera de tres kilómetros, rodeada de un bosque frío y despoblado. A la entrada del campo de tiro al blanco, un “Decálogo de seguridad de armas de fuego” advierte las medidas necesarias para practicar esta actividad.
En este escenario hay tres polígonos: uno de arma corta, uno de 100 metros y otro de 200, de armas largas (de este último se observa directamente la casa de Méndez, incrustada en la montaña, que todavía conserva una que otra hilera de pinos. De este polígono, aparentemente, se disparó la bala que se introdujo por la ventana.
Era un cartucho de una pistola nueve milímetros —asegura Méndez—, porque después del incidente de la bala en el vidrio y el portarretratos destrozado y el hueco en el sofá, llamaron a la policía, y los agentes que hicieron la inspección se lo dijeron. Y dos oficiales de la Escuela que también fueron a corroborar los hechos coincidieron con el pronóstico: “El proyectil era de arma corta y la trayectoria venía desde el polígono”, aseguró el denunciante.
A pesar de esta declaración de la Escuela de Caballería, el director, teniente coronel Javier Alonso Díaz Gómez, afirma: “Es imposible que un cartucho nueve milímetros recorra 1.500 metros (distancia que hay entre el polígono y la casa). Un proyectil de esos no llega a más de 150 metros. Por eso, este hecho todavía está en investigación”.
La Escuela de Caballería se fundó en 1938. En 70 años, el sonido seco de los proyectiles golpeando contra los parabalas de arena y de madera sólo se ha dejado de escuchar la última semana por decisión de la Corte Suprema de Justicia. Sólo podrán reactivarse las actividades en el polígono cuando se mejore el diagnóstico que dio el arquitecto Róbinson Cristancho, quien fue contratado por la Escuela para valorar las condiciones de seguridad del campo. Según el informe, “los parabalas de madera que están ubicados cercanos a la línea de tiro están en pésimo estado, con madera podrida, colchones interiores de estas estructuras totalmente destruidos (…) En general, en muy mal estado”.
Para mejorar las condiciones del polígono —explica el coronel Díaz—, el Ejército Nacional de Colombia destinó 150 millones de pesos. Según el coronel, es urgente abrir el polígono porque “allí se entrenan las personas que le brindan seguridad a la población”. Son aproximadamente 300 los alumnos que visitan a diario el polígono.
El silencio de la última semana se interrumpirá en poco tiempo. María José, la pequeña de cinco años, seguirá escondiéndose cuando escuche los tiros. El padre, y el resto de la familia, ya están acostumbrados al ruido. Sólo reclaman seguridad. Por eso le han propuesto a la Escuela “que siembren árboles, que nos compren los predios, que cambien el ángulo del tiro”. Ahora, con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, la propuesta pasó a ser una obligación de la Escuela de Caballería. Los viejos parabalas serán reemplazados y los 10 mil cartuchos que se disparan a diario volverán a retumbar.