La Corte Constitucional tumbó la licitación para la recolección de basuras por no incluir a los recicladores. Los contratos con los operadores privados (LIME, Atesa, Ciudad Limpia y Aseo Capital) fueron prorrogados.
Abril de 2012:
La Uaesp declaró urgencia manifiesta en el servicio de aseo y de nuevo se prorrogaron los contratos de los operadores privados hasta el 16 de septiembre.
Agosto 2012:
El Distrito volvió a prorrogar los contratos hasta el 17 de diciembre. El alcalde Gustavo Petro anunció que una empresa pública sería la encargada de un nuevo esquema de aseo a partir del 18 de diciembre.
Diciembre 2012:
El alcalde Petro ya tenía una denuncia en la Fiscalía, dos quejas disciplinarias en la Procuraduría y una demanda en la Superintendencia de Industria y Comercio.
Diciembre de 2012:
El alcalde expidió un decreto para restructurar el esquema de aseo que dejó en manos de la Uaesp la recolección, en las del Acueducto el alquiler de la flota de camiones y en las de los bogotanos la separación de residuos.
Diciembre de 2012:
El día 18 empezó el nuevo esquema con una flota de 362 volquetas y 1.500 conductores, operarios y supervisores, pero el programa no dio abasto con la recolección. Dos días después se firmaron nuevos contratos con los operadores privados.
Diciembre 2012:
El alcalde Petro reconoció el error en la implementación de su esquema de aseo al no alcanzar la máxima capacidad. La Procuraduría presentó un informe de seguimiento a Petro al no considerar que no cumplió con las metas propuestas.
Diciembre de 2013:
Por el ‘caos’ de las basuras, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 15 años al alcalde Petro y por 12 años al exgerente del Acueducto, Diego Bravo. Petro convocó una movilización ciudadana.
Enero de 2014:
Nuevas movilizaciones ciudadanas convocadas por el alcalde. Petro recusó la decisión del procurador Ordóñez y solicitó que se declare impedido. El procurado negó la recusación y ratificó la destitución.
Enero de 2014:
El día 14 el magistrado José María Armenta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió provisionalmente el fallo de la Procuraduría al admitir la tutela presentada por un ciudadano.
Enero de 2014:
El día 23 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor del alcalde Petro tres tutelas que reclamaban suspender el fallo de destitución de la Procuraduría.
Marzo de 2014:
La Sala Plena del Consejo de Estado negó el día 5 la tutela presentada por el alcalde Petro contra la destitución ordenada por la Procuraduría, con 14 votos a favor y 11 en contra.
Marzo de 2014:
El día 6, la Sala Plena del Consejo Superior de la Judicatura negó las tutelas radicadas contra de la sanción de la Procuraduría y tumbó las medidas cautelares emitidas por el Tribunal.
Marzo de 2014:
El día 18 el Consejo de Estado dejó en firme la destitución del alcalde y señaló que la Procuraduría General tiene las facultades para investigar y sancionar disciplinariamente a un funcionario público elegido por voto popular.