Para la veedora distrital, Adriana Córdoba, no sólo preocupa que el alcalde Gustavo Petro haya decidido expedir su modificación al Plan de Ordenamiento Territorial por medio del decreto 364 de agosto de 2013, pese a la negativa del Concejo, sino que además haya incluido cambios a la propuesta original presentada al Cabildo, sin la discusión con los ciudadanos.
Según la veedora el mandatario no estaría cumpliendo la ley 388 de 1997, que dispone las normas para decretar los POT en el país.
¿Qué opina de la decisión del Alcalde Gustavo Petro del expedir el POT por decreto?
El alcalde podría estar incurriendo en una extralimitación de funciones y pasando por encima de otros órganos de administración como el Concejo de Bogotá. Tanto la ley 388 como el decreto 4002 de 2004 que reglamenta los casos de modificación a los POT, dicen que la modificación se puede expedir cuando hayan transcurrido 90 días desde la negativa del Cabildo a tramitar el proyecto siempre y cuando el Cabildo no haya adoptado una decisión al respecto. En este caso, el Concejo aprobó mayoritariamente la ponencia negativa. Cuando eso sucede, se archiva el proyecto y el alcalde tiene la posibilidad de volver a presentar un nuevo proyecto.
Pero el Concejo ha frenado varios proyectos de la administración… Petro no tenía margen de maniobra…
En el debate del POT muchos actores se pronunciaron: gremios, organizaciones sociales y de vecinos, entre otros, y hubo una discusión técnica en el Concejo. La función de la Corporación es aprobar que los proyectos de la Administración sean coherentes con el desarrollo de la ciudad. Si al alcalde no le gusta la respuesta del Concejo, tiene que respetarlo, porque ellos representan a la ciudadanía.
¿En qué otros casos podía el alcalde decretar el POT?
Cuando por ejemplo la ponencia se lleva a la comisión del POT, esta comisión aprueba la ponencia y luego se va a plenaria. En ese caso se permite aprobar por decreto el proyecto que salió por la comisión del Plan. Pero en este caso el Concejo hundió el proyecto y el alcalde está expidiendo por decreto una mezcla de normas que ni siquiera debatió la Corporación.
Pero estas modificaciones al proyecto responden a los reclamos de los gremios y la ciudadanía…
Pero aún no sabemos qué incorporó. Y eso no fue producto de una discusión transparente, porque la ciudadanía nunca fue convocada a esa discusión. Aunque haya incluido cosas buenas para la ciudad, lo cierto es que se está inventando un procedimiento que no está previsto en la ley.
¿Los curadores qué tienen que hacer ante este nuevo decreto?
Hay dos interpretaciones legales. Unos dicen que ya entra en vigencia, pero otros dicen que quienes tienen que aplicar la norma tienen que esperar a que se pronuncien los entes de justicia. Hay un tema de interinidad porque no es clara la legalidad de la medida adoptada. Así que muchos curadores pueden estar esperando a ver qué sucede.
¿Qué implica la puesta en marcha de un nuevo POT en Bogotá?
Esto genera un gran tema de deslegitimidad institucional. Si el alcalde elimina las operaciones estratégicas y los planes maestros, contemplados en el POT que estaba vigente desde 2004, está cambiando el sistema y los instrumentos de planeación. Eso afecta, la estructura socioeconómica, funcional y ecológica y estaría cambiando el modelo de ciudad, algo que no permite la ley sino hasta el año 2016. Hoy solo se permite la modificación excepcional, en la que no se pueden cambiar los objetivos de mediano y largo plazo.