Como medida cautelar dentro del proceso de responsabilidad fiscal que se sigue por la adjudicación de las obras de Transmilenio en un tramo de la calle 26, la Contraloría General decidió embargar los bienes de los involucrados en la investigación: el alcalde Samuel Moreno, la ex directora del IDU Liliana Pardo, los interventores de los trabajos, los consorcios contratistas, los ordenadores del gasto y otros funcionarios por ser eventuales responsables de un detrimento patrimonial que asciende a $200 mil millones.
Así mismo, determinó dentro de la investigación vincular al proceso de responsabilidad fiscal al ex alcalde de Bogotá ‘Lucho’ Garzón, junto con el actual mandatario y los demás afectados con los embargos.
Así lo aseguró la noche del pasado lunes a los medios de comunicación la contralora Sandra Morelli Rico, quien detalló algunas de las conclusiones de la indagación preliminar que empezó su despacho el pasado 8 de noviembre, cuando asumió un control excepcional al contrato de la 26, petición que hizo el Partido Verde en el Congreso.
Según Morelli Rico, las obras (cuyo contrato fue firmado por el ex alcalde Lucho Garzón al término de su mandato) se habrían iniciado sin los estudios suficientes. Asimismo, durante la ejecución (que ha liderado la administración Moreno) y ante los retrasos de la Unión Temporal Transvial, de la cual formaba parte el Grupo Nule, se habrían impuesto multas al contratista que se condonaron posteriormente, recordó.
La Contralora también se refirió al hecho de que los Nule hubiesen cedido el contrato que tenían en la 26 a la firma Conalvías, pero con diferencias sustanciales en tiempos y costos.
Las presuntas irregularidades les han significado a las arcas del Distrito un millonario detrimento por el que, de acuerdo con la decisión del ente de control fiscal, tendrán ahora que responder los involucrados, comenzando por el propio alcalde Samuel Moreno.
Las medidas cautelares, dijo la Contraloría, empezarán a ser notificadas en las próximas horas, en las que también se librarán las órdenes de embargo que, en todo caso, podrán ser objeto de apelaciones, según la contralora Morelli.
Consultado por este diario el abogado del Alcalde, Carlos Arturo Gómez Pavajeu, declaró al respecto lo siguiente: “Es una medida equivocada y gravemente por fuera de la ley, pues el Alcalde no es ni coordinador ni controlador de la actividad contractual del Distrito, como sí lo son los demás alcaldes del país. La Alcaldía de Bogotá tiene un régimen especial, según el cual las entidades distritales pueden contratar autónoma e independientemente del Alcalde”.
A diferencia de lo afirmado por la Contralora, el abogado Gómez Pavajeu aseguró que la decisión no tiene recursos y que intentará una nulidad para levantar el embargo. Respecto a cuánto asciende el patrimonio de Moreno, dijo: “Yo tengo entendido que él lo que tiene es un apartamento y su sueldo”.
De otro lado, El Espectador intentó comunicarse con el ex alcalde Lucho Garzón para conocer su reacción al embargo del que es objeto, pero no contestó su celular. Según su jefe de prensa, está fuera del país. A través de la red social Twitter, Garzón dijo que acatará la decisión .