Ante este panorama, la Personería Distrital ordenó declarar la emergencia jurídica para evacuar en un plazo de un año los expedientes acumulados. Esto, después de realizar una veeduría al funcionamiento de las Oficinas Asesoras Jurídicas de los mandatarios locales.
"El estudio surgió para atender las numerosas quejas presentadas por parte de los ciudadanos contra las alcaldías por la demora en las gestión frente a denuncias, peticiones, quejas y reclamos relacionadas con violaciones a la Ley 232 de 1995, es decir, el funcionamiento de los establecimientos comerciales, así como por ocupación indebida al espacio público", señala el comunicado oficial remitido por el órgano de control.
De 1990 a 1998 se encuentran en trámite 229 querellas por funcionamiento de establecimientos comerciales. De 1984 a 1998 se encuentran en trámite un total de 631 procesos por ocupación del espacio público y de 1999 a octubre de 2008 por establecimientos comerciales existen en trámite 11.174 expedientes y por ocupación indebida del espacio público 4.491.
El tiempo promedio de trámite de las querellas por establecimientos comerciales es de 12 a 19 meses en Usaquén, San Cristóbal, Usme, Kennedy, Teusaquillo, Los Mártires y Puente Aranda.
Entre tanto, en Chapinero, Santafé, Tunjuelito, Bosa, Fontibón, Barrios Unidos, Antonio Nariño, La Candelaria, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar el promedio de trámite está entre 21 y 30 meses. En Suba
"Esta situación se ha venido presentando por la falta de controles de la administración central, así como del mismo alcalde local sobre el trámite de los asuntos que le corresponden por competencia a las oficinas asesoras jurídicas", denunció el Personero, Francisco Rojas Birry.