Luego de ejercer diez días como alcalde encargado de la ciudad, el secretario de Salud de Bogotá, Guillermo Alfonso Jaramillo, volvió a su tradicional despacho para poner en marcha uno de los más ambiciosos planes de la administración del alcalde Gustavo Petro.
Se trata del Plan Territorial de Salud, una estrategia interdisciplinaria de salud pública, con un fuerte énfasis en la prevención y la atención a los más pequeños, con los que la Secretaría de Salud no sólo pretende proveer atención médica a la población sino prevenir casos de maltrato en menores y mujeres, y amoldar la prestación del servicio a comunidades de género particulares como los gays, lesbianas, bisexuales y transgeneristas.
Entre las numerosas metas que se propone el plan, hay un elemento que sobresale como punta de lanza de la nueva estrategia de la Administración. Se trata de un nuevo dispositivo normativo que obligará a las Empresas Administradoras de Planes de Beneficio (las EPS del régimen contributivo y subsidiado, entre ellas) a realizar estudios a profundidad de sus afiliados para identificar “las particularidades a considerar en su atención” así como a notificar los casos de violencia intrafamiliar de los que tengan conocimiento.
Con esto, el Distrito busca corregir un divorcio existente entre las EPS y la Secretaría de Salud, en materia de comunicación e información. Según fuentes consultadas en la entidad, hasta ahora los afiliadores no reportaban en su totalidad la información de sus miembros a la Secretaría, lo que impedía generar estrategias adecuadas de atención y prevención por parte de la Administración.
El reto que se plantea el Distrito es grande. Según cifras oficiales, en Bogotá hay hoy reportados 29.325 casos de maltrato infantil y juvenil, cuyos casos no han sido debidamente atenidos. Así mismo, en la ciudad viven unos 25.000 indígenas, 1.800 raizales, 750 gitanos y 20.000 afrodescendientes que necesitan atención en salud de manera diferenciada y sensible a su cultura. Adicionalmente, unos 40.000 bogotanos pertenecientes a la comunidad LGTBI hacen parte del grupo objetivo del plan.
Para eso, el nuevo plan territorial de salud contará con equipos de profesionales en disciplinas tan distintas como la antropología, la enfermería y el trabajo social.
Entre otras metas globales que se plantea el documento, se encuentra la reducción en un 40% de los 10.315 casos de bogotanos que no han podido acceder al régimen subsidiado de salud. Régimen que se encuentra quebrado en la capital, con varias EPS intervenidas y la mayoría debiéndole dineros a los hospitales por una suma que asciende a los $250.000 millones.