En un debate de control político sobre alcaldías locales, el concejal de Bogotá, Rubén Torrado, cuestionó varios aspectos como la ejecución de recursos, avances en mejoramiento de malla vial y concentración de la contratación de la misma, sobrecostos en esterilizaciones de perros, prácticas no austeras en el gasto público e irregularidades en los contratos para refrigerios.
El cabildante indicó que siete firmas concentran el 66 % de los contratos de la malla vial local en Bogotá y que una de ellas ha sido vinculada con Odebrecht. Según dijo, el panorama ha empeorado en los últimos años pues, en 2016, el 63 % de los contratos de las 20 localidades estaba en manos de 14 empresas y ahora están en manos de la mitad.
“Los resultados de los procesos de contratación no demuestran que se haya diversificado el mercado y que ya no sean los mismos de siempre los que se siguen quedando con las licitaciones más importantes de las localidades”, dijo Torrado y agregó que, aunque la actual administración fuera precursora de la aplicación de los pliegos tipo, la situación es peor. También, recordó que Luis Gabriel Nieto García, contratista conocido en la ciudad por sus vínculos con Odebrecht y por la polémica obra de la plazoleta del Concejo de Bogotá (que tuvo retrasos y sobrecostos), se quedó con las licitaciones de malla vial de Kennedy y Puente Aranda.
Por otro lado, aseguró que durante la actual administración actual, las alcaldías locales han ejecutado menos presupuesto que en la pasada. “El promedio de ejecución presupuestal de los Fondos de Desarrollo Local durante el periodo 2012-2015 fue de 95,4 % en compromisos y 34,5 % en giros, […], mientras en los tres años que llevan de gobierno los alcaldes locales, el porcentaje de compromisos ha sido en promedio de 93 %, y de giros únicamente 21 %”, señaló.
En cuanto a la malla vial, el concejal presentó un ranking de las localidades que menos han avanzado en su mejoramiento, siendo Usme la que peor estado tiene y la que menos ha logrado cumplir su meta proyectada. “Usme con una meta de 84 km carril, con información a corte de marzo 2019, solo ha avanzado 12,6 km carril”, señaló.
Referente a las prácticas no austeras en el gasto público en contratos para la adquisición de mobiliario, dijo que en Usme el alcalde local se ha tomado prácticamente un periodo constitucional completo para sacar adelante la construcción de la nueva sede que se suponía duraba un año.
“La Alcaldía de Usme contrató una consultoría para estudios y diseños de los muebles que dotarían la nueva sede por $143 millones. Con base en esa consultoría, suscribió en diciembre de 2018 el contrato de fabricación, suministro e instalación de los muebles que iban a necesitar. Ese contrato se hizo por un valor de $989 millones, de los cuales más de $27 millones son destinados exclusivamente a amoblar el despacho del mandatario local [escritorio, sala de juntas, biblioteca, sala ejecutiva y mueble para el baño]”, subrayó.
Finalmente, cuestionó que la empresa Frupys LTDA se quedara con la contratación de refrigerios en cinco localidades de la ciudad, al presentar precios bajos que desestabilizan el mercado y restringen la selección objetiva. “Le quiero recordar a los alcaldes Locales que suscribieron contratos de suministros con esta empresa, que era un deber de ustedes haber requerido a la empresa para que explicara por qué el precio era tan bajo, pues ese tipo de prácticas pueden poner en riesgo la ejecución del contrato”, indicó.
Por todo lo anterior, el concejal solicitó a la Personería y Contraloría, que se investiguen todas estas cuestiones.
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