La Personería radicó 31 acciones judiciales, en las que solicitó a los jueces ordenar al Inpec el traslado inmediato de 51 personas privadas de la libertad o medidas de aseguramiento (intramural o domiciliaria), quienes han permanecido irregularmente durante meses en las URI. Esto, con el fin de mitigar el hacinamiento de las celdas.