A la propuesta de reforma de salud del actual Gobierno, con un claro sesgo ideológico en contra del sector privado, le ha faltado precisión en las cifras y claridad en los conceptos técnicos. Comienzan por confundir salud con sector salud y proponer como algo novedoso un modelo “preventivo y predictivo” que existe hace décadas.
La Organización Mundial de la Salud definió en 1946 la salud como “el completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad”, para enfatizar que su esencia está en el acceso a derechos como empleo, vivienda, alimentación y educación, entre otros. Sector salud es lo que la Constitución de 1991 definió como un servicio público para atender a los enfermos.
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Son dos sectores interrelacionados y necesarios, sin que sea posible afirmar cuál debería primar, que contribuyen al bienestar social, pero completamente diferentes en sus acciones, responsables de ejecutarlas y brindar recursos para financiarlas.
La verdadera promoción de la salud y la prevención de la enfermedad no se hacen desde el sector salud ni con su personal, y mucho menos con sus recursos. Tampoco es cierto que con ellas se ahorren recursos de la atención, como pregona este Gobierno. Más bienestar conduce a una mayor expectativa de vida y, por ende, al aumento del gasto en atención, como lo demuestra la experiencia mundial.
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Se equivocan al creer que el sector salud existió antes que la seguridad social. Incluso se ha llegado a afirmar que su existencia no es necesaria bajo la premisa de que la reforma solo debería regirse por la Ley Estatutaria de Salud de 2015. Ignoran que la Constitución de 1991 ratificó lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo en 1927, que la seguridad social es un “derecho irrenunciable” para proteger a la población del alto costo de los servicios, la complejidad de la atención, los riesgos que llevan a enfermar y sus consecuencias sobre el ingreso familiar. La atención en salud solo fue reconocida como derecho hace menos de 10 años.
La seguridad social es un derecho instituido en el mundo desde el siglo XIX y en Colombia desde 1930, al acogerse un tratado internacional, cuando ni siquiera existía el ministerio de salud, fundado en 1953. Antes de eso, predominaba la higiene pública como un programa a cargo de otros ministerios y la atención de los enfermos como caridad pública y responsabilidad de cada quien.
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Es un error eliminar la seguridad social creyendo que es lo mismo que pagarle a los hospitales y que puede ser reemplazada por equipos médicos que recorren los hogares o centros de atención primaria que filtran los enfermos. Es desconocer un tratado internacional que la creó y convirtió en un derecho de los trabajadores, el cual permitió la participación del sector privado, que, si este Gobierno decide terminar, deberá indemnizarlo al violar el principio de la confianza legítima.
El dogmatismo y la retórica político-ideológica de este Gobierno amenazan con destruir y hacer retroceder la política de protección social que Colombia construyó durante un siglo, poniendo en riesgo la salud de los colombianos.
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