“Es de conocimiento público que las revisiones de las bases de datos están encaminadas a buscar guerrilleros, paramilitares y delincuentes. Nos preocupa mucho que se sospeche de la totalidad de la comunidad universitaria”, dijo López.
En la reunión se le solicitará oficialmente al procurador general de la Nación, Edgardo José Maya, que esté al tanto del procedimiento, con el fin de que se respeten los derechos humanos de los estudiantes y docentes. Al mediodía de ayer Maya dijo que la investigación de la Fiscalía se debe realizar sobre hechos concretos. “Cada caso debe ser individualizado”, dijo.
La decisión de investigar a estos cinco centros educativos fue tomada por el fiscal de la unidad especializada contra el terrorismo, Jorge Iván Piedrahíta Montoya, después de que la senadora Gina Parody revelara unos videos que evidenciaron la presencia de grupos al margen de la ley en las instalaciones de la Universidad Distrital.
Para López, “este tipo de procedimientos puede ser violatorio de los derechos a la defensa, al buen nombre y al ejercicio pleno de las libertades. La responsabilidad penal es individual y con esta investigación se pretende someter a todos por igual a una especie de examen colectivo que podría acabar con el principio de inocencia”.
La reunión se realizará a las cinco de la tarde en las instalaciones de la Secretaría de Gobierno.