De nada valieron las advertencias de algunos concejales, los llamados de atención de la Contraloría Distrital ni las alertas desde los medios de comunicación. La administración de Bogotá sigue sin ser capaz de sacar adelante una licitación que le permita contratar un servicio eficaz y moderno de recolección de basuras. Los contratos de los cuatro operadores actuales se celebraron bajo la figura de la urgencia manifiesta, vencen el 15 de septiembre y es un hecho que tendrán que prorrogarse o volverse a firmar con la misma declaratoria de urgencia manifiesta. La situación ya motivó la apertura de una indagación preliminar en la Personería y un fuerte control de advertencia por parte de la Contraloría.
La de esta licitación es la historia de la feria de las urgencias manifiestas en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp). Desde 2010 a la fecha, ha sido declarada en al menos tres ocasiones. Se trata de una figura que, según la Ley 80 o de Contratación, permite al Estado contratar sin necesidad de proceso licitatorio y sin acuerdos sobre precios en situaciones de emergencia. Es decir, sólo en casos excepcionales, para conjurar crisis.
Sin embargo, la inoperancia en la Uaesp ha llevado a sus directores a usar la urgencia manifiesta como la regla y no como la excepción. Por ello, el contralor Diego Ardila pidió el pasado 14 de mayo al personero Ricardo Cañón que indague disciplinariamente a los funcionarios que en estos años han tenido que ver con el fallido proceso.
El negocio de la recolección, el barrido y la limpieza de basuras en Bogotá asciende a $2,5 billones y está, desde hace ocho años, en manos de las empresas Ciudad Limpia, Aseo Capital, Atesa y Lime. Estas firmas se encargan de recoger seis mil toneladas diarias de residuos que son llevadas al relleno Doña Juana.
En septiembre del año pasado tendría que haberse entregado una nueva licitación, pero no se pudo porque la Corte Constitucional suspendió el proceso hasta que la Uaesp justificara ante el alto tribunal de qué manera se está incluyendo a la población recicladora en el negocio.
El pasado 25 de abril, luego de haber estudiado el plan de trabajo de la Uaesp con los recicladores, la Corte dio vía libre al proceso. El problema es que la unidad tendrá que comenzarlo de ceros y por el momento no hay avances.
La Uaesp apenas va a arrancar la etapa de prepliegos y tampoco ha pedido oficialmente a la Comisión Reguladora de Agua Potable (CRA) la autorización para implementar unas Áreas de Servicios Exclusivo (Ases), que son nada menos que el primer paso para que se pueda surtir la licitación.
El estudio para pedir el aval de la CRA durará aproximadamente tres meses, sin contar con lo que se demore el trámite contractual. Habría que agregar a esto que la Unidad tiene desde el pasado 3 de mayo un director en estado de interinidad, pues el alcalde Gustavo Petro no ha nombrado aún un jefe en propiedad, y que no cuenta con el grupo de técnicos necesarios para estructurar los pliegos de la basura.
Consultado al respecto, el director (e) de la Uaesp, Carlos Arboleda, reveló que, efectivamente, por ahora las opciones del Distrito son prorrogar los contratos actuales o volver a declarar la urgencia manifiesta para darles la contratación a los mismos.
Sin licitación, seguirá en el aire la posibilidad de que los usuarios se vean beneficiados con una reducción en las tarifas, pues la metodología tarifaria la determina la CRA, aunque sólo sobre cada nuevo proceso licitatorio y no sobre prórrogas ni contratos a dedo.
También seguirá en veremos el negocio del Sistema Integrado de Información del Servicio de Aseo (Siisa), una licitación por US$55 millones que se entregó el año pasado, pero cuya operación está congelada porque se trata de una tecnología que se comenzará a aplicar con la nueva licitación.
Como el Distrito ya le entregó al contratista del Siisa un adelanto de $36 mil millones, el alcalde Petro pidió a la Contraloría General de la República un control excepcional. Es decir, pidió que le quitaran la potestad de la indagación fiscal a la Contraloría Distrital. La solicitud, no obstante, le fue negada al mandatario.
Y mientras la Uaesp incumple con su función, todo indica que cuatro empresas seguirán teniendo a su cargo, sin necesidad de licitación alguna, el manejo del millonario negocio de la basura en la capital.