Alrededor de $2 billones se invirtieron este año en contratos relacionados con el Plan de Alimentación Escolar y Nutrición Infantil en Cundinamarca, así como infraestructura y otros. Para que no se repitan casos como el del acueducto La Mesa-Anapoima, en el que la obra contratada en 2006 sigue incompleta por cuenta de la corrupción, la Gobernación expidió el Plan de Acción para la Integridad y la Transparencia, que busca aumentar los controles a la contratación.
Una de las metas de esta iniciativa será mejorar el puntaje que tuvo el departamento en el Índice de Riesgos de Corrupción, evaluación que hace cada año la ONG Transparencia por Colombia a entidades públicas y privadas. En el último índice, Cundinamarca obtuvo 72%. El objetivo es llegar a 85% el próximo año.
Para cumplirlo, la administración departamental auditará todos los contratos del último cuatrienio, con especial interés en el Plan de Alimentación Escolar, los suscritos con recursos del Sistema General de Regalías y los de infraestructura. También implementará iniciativas que buscan evitar el direccionamiento de la contratación y hacerla más transparente, para permitir un mejor escrutinio de las veedurías ciudadanas y los entes de control.
Como primera medida, se evitarán los contratos por asociación, excepto los suscritos para mitigar la sequía. Una de las razones es que esta modalidad no necesita licitación sino que se adjudica de forma directa. Aunque la figura es legal y en muchos casos se usa para atender emergencias o proveer un servicio de manera rápida, según la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, algunas gobernaciones han acudido a ella para hacerle trampa a la Ley de Contratación Pública. “Ese tipo de convenios se convirtieron en la regla y no la excepción. Son un desangre al presupuesto”, explica Camilo Enciso, secretario de Transparencia.
Otra de las metas es disminuir los contratos por prestación de servicios de sus empleados y vincularlos a la nómina, ya que el 48% de ellos son contratistas. Para hacerlo, dice el gobernador (e) Guillermo Rivera, la idea es aplicar el concurso de méritos y de esta manera evitar que los funcionarios sean escogidos a dedo. “Por ejemplo, cada año la Secretaría de Salud contrata 500 personas por prestación de servicios. Entre más contratación directa hay, el riesgo de corrupción aumenta”.
Finalmente, se mejorará el sistema de información y comunicación de todos los procesos de licitación y contratación que tenga la administración departamental. Para ello, la Secretaría de Comunicaciones publicará en la página web de la Gobernación todos los documentos de cada proceso, desde la etapa precontractual hasta la adjudicación, incluyendo las observaciones, las evaluaciones y las diferentes actas de la administración.
La publicidad de la información es un tema vital para lograr mayor transparencia, así que, en diciembre, la administración realizará su primera Feria de la Transparencia. Se instalarán carpas en la plaza de la Gobernación y los directores de los institutos descentralizados y secretarios departamentales explicarán cómo se adelantan las licitaciones, cuáles son las leyes a cumplir, y responderán preguntas de los ciudadanos.
Para velar por el cumplimiento de este Plan de Acción se creó el Equipo por la Transparencia, encabezado por el jefe de gabinete, que se encargará de coordinar esfuerzos directamente con la Secretaría de Transparencia y de recibir las alertas de posibles casos de corrupción.
Este plan fue asesorado por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y la idea es que el 12 de noviembre, durante la cumbre de gobernadores, los resultados de las iniciativas de transparencia se socialicen, para que otros departamentos también las adopten.