Gustavo Petro suma una nueva investigación disciplinaria. Esta vez, por las posibles irregularidades alrededor del convenio que firmó el Fondo de Seguridad y Vigilancia con la ETB, para la modernización de la Línea 123. Tras las denuncias que realizó El Espectador, el jefe del Ministerio Público halló méritos suficientes para ordenar la apertura formal de investigación, en la que analizará cada uno de los documentos y las quejas que rodearon el convenio. La idea es establecer si el mandatario tiene o no responsabilidad en las supuestas presiones que se ejercieron para mantener vigente el negocio con la ETB, a pesar de las alertas por una posible violación a la ley de contratación, un posible detrimento a las arcas del Distrito y de incumplimientos por parte de la empresa de telecomunicaciones.
El mandatario distrital no será el único investigado. Junto a Petro, también se ordenó la apertura de investigación contra la secretaria general, Martha Lucía Zamora; el presidente de la ETB, Saúl Kattán, e Iván Darío Mesa Yepes, gerente comercial de la empresa de telecomunicaciones, quien resultó involucrado en el escándalo tras la denuncia del exgerente del Fondo de Vigilancia, Fernando Arbeláez, quien mencionó que supuestamente lo invitó a “arreglar” los inconvenientes del contrato en un “yate en Cartagena”.
En la decisión, que se expidió el pasado 21 de septiembre, el jefe del Ministerio Público no sólo anunció que solicitará las copia de todos los documentos detrás de la firma del cuestionado convenio (como el acto administrativos a través del cual se determinaron la modalidad de contratación, los estudios técnicos, los estudios de costos y el proyecto de prórroga), sino que sumará todos los oficios e informes que en más de una oportunidad advirtieron sobre los problemas alrededor del convenio entre el Fondo y la ETB.
Entre los documentos que anexará al expediente se encuentran los informes de la interventoría del convenio a cargo de Infotic, en los que se pusieron en evidencia los retrasos e incumplimientos de la ETB (que han generado que a la fecha la modernización siga sin avances); los informes de auditoría de la Contraloría Distrital, en los que se pone en evidencia el posible detrimento patrimonial en la operación y modernización de la línea de emergencia; los correos que le enviaron al supervisor del convenio y los oficios que remitieron las directivas del Fondo de Vigilancia (FSV) a la Secretaría Distrital de Gobierno, en los que recomendaron la terminación del convenio con la ETB.
Para nutrir la investigación, la Procuraduría analizará las actas y las grabaciones del debate que se realizó en el Concejo Distrital sobre la línea 123, especialmente cuando Fernando Arbeláez, exgerente del Fondo de Vigilancia, y Jairo Osorio Madiego, subgerente administrativo y financiero de la entidad, denunciaron las supuestas presiones para firmar un otrosí que ordenaba el traslado de casi $27.000 millones a la empresa de telecomunicaciones, a pesar de no haber cumplido el cronograma, ni justificado detalladamente en qué invirtió el primer giro para el desarrollo del convenio.
De igual forma, la Procuraduría citará a varios exgerentes del Fondo de Vigilancia, entre ellos a Natalia de la Vega, quien dijo que había dejado todo listo para abrir una licitación pública para la modernización de la línea de emergencia y que inexplicablemente todo terminó en el cuestionado convenio con la ETB. Además, citarán a Nohora Albornoz, actual gerente de la firma Itelca, empresa que ha sido la única que ha operado la línea 123 desde su creación, como subcontratista de la ETB.
Según la resolución, “se solicitará el apoyo a la dirección de investigaciones especiales para que practique una visita a las instalaciones de la línea 123, para verificar el funcionamiento del software con el que actualmente opera el sistema”… y, de ser necesario, “el recaudo personal de las pruebas documentales se hará a través de la práctica de una visita especial a cada una de las instalaciones de las entidades requeridas”.
Además del proceso disciplinario, se sabe que la Fiscalía avanza también en la investigación penal, para establecer si hay méritos para formular imputación contra alguno de los denunciados por este escándalo. Por ahora, en medio del escándalo y los procesos ante los organismos de control, la línea 123 sigue sin modernización y la empresa Itelca operando por su cuenta y sin contrato el número de emergencia.