El 21 de octubre de 2010, el hoy alcalde, Gustavo Petro —en compañía del senador Luis Carlos Avellaneda y del concejal Carlos Vicente de Roux—, hizo público un informe de poco más de 100 páginas que hacía pormenorizado seguimiento a la contratación del Distrito en cabeza del mandatario Samuel Moreno.
Eran los detalles de lo que se conocería como el carrusel de la contratación, uno de los peores escándalos de corrupción en la ciudad. El jueves pasado, el término carrusel de la contratación fue utilizado nuevamente, pero esta vez en contra de Petro, en una indagación preliminar que le fue abierta por la Procuraduría General.
En concreto, el Ministerio Público dice, en un auto del 4 de septiembre de 2012, que abrió la indagación luego de recibir una queja en la que se atribuyen a Petro presuntas irregularidades.
A continuación, la Procuraduría General detalla la queja, que viene acompañada por seis contratos de prestación de servicios por comisión de éxito entre unas empresas y un contratista llamado Francisco Javier Martínez Ariza, con el objeto de realizar una asesoría con miras a adquirir un contrato del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). El auto no precisa las fechas de dichos contratos.
También dice la Procuraduría que tiene, como presuntas pruebas de la queja, una comunicación de noviembre de 2011 en la que el alcalde le manifiesta al juez de garantías su oposición al preacuerdo firmado entre la Fiscalía y el excontratista Julio Gómez, quien posteriormente fue condenado por el caso del cartel de la contratación denunciado por Petro.
Otra de las presuntas pruebas recibidas por la Procuraduría de manos del autor de la queja (el periodista Felipe Zuleta Lleras), es una entrevista concedida a la Fiscalía General por el empresario Carlos Alberto Gutiérrez Robayo, concuñado de Gustavo Petro.
Por último, el auto habla de un documento en el que una unión temporal llamada Interventorías 2005 comunica la designación de su nuevo representante legal, un señor de nombre Juan de la Cruz Martínez Petro, a partir del 25 de agosto de 2006.
El documento menciona otra queja interpuesta ante la Procuraduría por “ciudadanos anónimos” que señalan que varias personas en la ciudad estarían fraguando “otro carrusel de la contratación al estilo Samuel Moreno Rojas”, entre ellas Carlos Alcocer (primo hermano de la esposa del alcalde, Verónica Alcocer), “Alex Vernoth, Miguel Merlano y Carlos Gutiérrez, este último como la persona de confianza del doctor Gustavo Petro”.
Se trata pues de una nueva indagación preliminar que se suma a las casi 250 que han abierto los entes de control a funcionarios de la administración.
El jueves mismo, el alcalde respondió que esa es la reacción con la que el verdadero cartel de la contratación, el que él denunció, quiere una de cortina de humo.
Y añadió que “los quejosos” ante la Procuraduría quieren vincularlo con los primos Nule, también condenados dentro del caso del cartel de la contratación, pero que él jamás ha recibido un peso de los Nule ni ha tenido relaciones sociales con ellos.
“Los Nule entraron al Distrito con el grupo de (el exalcalde Enrique) Peñalosa. Yo no había querido hablar de esto porque ¿qué iba a saber Peñalosa que ellos iban a terminar como terminaron?”.
Consultado sobre la presencia de parientes suyos en la administración, Petro aseguró no tener ninguno y agregó que “como pasó con los aurelianos, llevar el apellido Petro se volvió un pecado”.
Acerca de su concuñado, Carlos Gutiérrez, el alcalde negó que éste haya financiado su campaña o que tenga negocios en la Alcaldía: “Me ha prestado plata y yo se la he devuelto, pero él no es un delincuente”.
“Tengo mi conciencia absolutamente tranquila”, remató.