Los tramitadores ilegales están rondando las filas de carros que esperan su turno para la revisión técnico mecánica, exigida por el Ministerio de Trasporte desde el 1 de enero de 2007. Se acercan a los carros, aprovechan la impaciencia de los conductores, dicen que adentro, en los centros de diagnóstico automotor, molestan mucho, que es muy difícil que los vehículos pasen la revisión, que ellos consiguen los certificados fácilmente y rápido.
Así convencen a la mayoría. Los impacientes prefieren pagar $400.000 a los ilegales y no esperar su turno, a pagar los $107.000 que cuesta la revisión para particulares o los $89.000 para los vehículos de servicio público. Según William Alfaro Aldana, gerente del sector automotor de Fenalco Bogotá, esto ocurre porque “hecha la ley, hecha la trampa. La gente desconoce qué es la revisión técnico mecánica. Desconoce que esta medida se tomó para reducir las tasas de accidentalidad, causada en su gran mayoría por fallas técnicas, para mitigar el impacto del parque automotor en el medio ambiente y para mejorar aspectos de movilidad”.
Del total de vehículos que ya deberían tener el certificado de revisión, un 35% aún no lo ha hecho, explica Alfaro. La razón: hay algunos mitos alrededor de la revisión técnico mecánica que han causado la evasión de esta medida. “Las personas que dejaron vencer el plazo prefieren conseguir un certificado falso, porque piensan que serán multadas. Entonces pierden su dinero y siguen en mora con la revisión”.
Los vehículos que deberían tener certificado pero aún no se han sometido a la revisión, pueden ser multados con 15 salarios mínimos diarios, es decir, $231.000. El caso es diferente para los ilegales que compran certificados falsos. A ellos la Policía de Tránsito puede inmovilizarles el vehículo, hacerles un comparendo e, incluso, judicializarlos por falsedad en documento público. “Los dejamos a disposición de la fiscalía”, explica el comandante de Tránsito, coronel Jaime Moreno.
Para combatir esta situación de fraudulentos, Fenalco capacitó a 1.200 agentes de tránsito, quienes podrán verificar la autenticidad del certificado mediante el uso de lupas e hipoclorito: una sustancia que reacciona químicamente y revela la naturaleza del documento. El certificado como tal es fabricado en un papel de seguridad similar al de un cheque bancario. Posee marcas de agua y tintas especiales para evitar su falsificación.
En el Centro de Diagnóstico Automotor S. A., uno de los sitios habilitados para esta tarea, fueron revisados en febrero 2.900 vehículos, entre privados y de transporte público. De éstos, en promedio, el 30% no aprobó la revisión. Las causas más comunes por las cuales un vehículo no pasa esta prueba son fallas en el sistema de frenos y alta emisión de gases nocivos para el medio ambiente. En caso de no aprobar en la primera revisión, el conductor tiene una segunda oportunidad, esta vez gratuita, dentro de los siguientes quince días hábiles.
Los automotores privados deben sacar este certificado cada dos años, siguiendo un calendario emitido por el Ministerio de Transporte, según la Resolución 4606 de octubre 31 de 2007. El calendario se establece de acuerdo con el modelo del carro y el último número de la placa (ver recuadro). Para vehículos matriculados después de 2005, la revisión debe efectuarse dos años después de la fecha de matrícula. En el caso de los vehículos de servicio público, la revisión es obligatoria cada año. Para esto, el Ministerio de Transporte habilitó unos centros de diagnóstico automotor especiales, que pueden ser consultados en el sitio web oficial.
La revisión se centra en el examen del funcionamiento mecánico del automotor: estado de frenos, alineación, suspensión, luces, calibración adecuada de taxímetros y emisión de gases. Asimismo, se comprueba el buen estado del vehículo, tanto interno como externo. El procedimiento dura un promedio de dos horas y al final se expide un certificado que debe portar el conductor en todo momento. Ese tiempo es el que aprovechan los tramitadores ilegales para convencer a los impacientes y a los facilistas, a quienes se les puede convertir la trampa en una multa y hasta en un proceso judicial.