La Personería de Bogotá inició una investigación disciplinaria contra los funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) responsables del manejo de los contratos de concesión de cuatro parqueaderos ubicados en la Carrera 15, entre calles 77 y 97, por causar un posible detrimento patrimonial en 9 años y 10 meses superior a $54.339 millones.
«A unos días de cumplirse el plazo de diez años del contrato, primero de marzo de 2011, y a pesar de que la Personería ha venido solicitando al IDU desde hace 12 meses tomar las acciones correctivas para evitar la prórroga por diez años más de los contratos, o medidas para restablecer el equilibrio económico y detener el desangre al erario, no se conoce ninguna acción directa y concreta por parte de los funcionarios responsables del tema», dice el informe entregado por el ente de control.
En 1999 el Instituto celebró contratos a 20 años para la operación de los estacionamientos con «Concesión Parqueadero Calle 77 Sociedad Anónima»; «Concesión Parqueadero Calle 85 S.A.»; «Concesión Parqueadero Calle 90 S.A.» y «Concesión Parqueadero Calle 97 S. A.», «sin percatarse de que estos fueron hechos a la medida de los intereses de los concesionarios y en deterioro del bolsillo de los bogotanos, pues les aseguran a estos particulares unas ganancias que desbordan cualquier proporción», puntualiza la Personería.
En la cláusula décima de los contratos, el IDU se compromete a garantizar unos ingresos mínimos globales (IMG), cuando la demanda de parqueo de vehículos no alcanza los topes previstos en cada uno de los contratos.
«En términos sencillos, si los particulares no recibían por concepto facturación del servicio de parqueo mínimo $5.800 millones al año, el IDU tendría que cubrir el faltante. En 2001, por ejemplo, el Instituto tuvo que desembolsarles a los particulares $3.600 millones para garantizarles las exorbitantes ganancias. Y en un año la cifra se incrementó en $1.500 millones; es decir, entregó cerca de $5.100 millones a los concesionarios por lo pactado en el contrato: «reconocer la actualización del peso constante, el DTF y cinco puntos más».
A diciembre de 2010 los pagos superan los $54.000 millones, eso sin contar los $26.000 millones que han percibido los contratistas por la venta del servicio de parqueo durante nueve años y 10 meses.
Para la Personería la aceptación de esta cláusula rompe totalmente con el equilibrio económico, principio rector de la contratación estatal; es decir, las concesiones generan el pago de escandalosas cifras en detrimento del patrimonio público.
En 1999, el IDU garantizó ingresos mínimos por más de $5.800 millones basándose en los estudios del Consorcio Civiltec Ingenieros Ltda.-Lascano y Esguerra Cía. Ltda., contratada por $117,4 millones para la estimación de la demanda de los estacionamientos.
La entidad también se basó en las recomendaciones de Selfinver Banca de Inversión, contratada por $90 millones para la estructuración técnica, legal y financiera, quien estipuló una garantía de ingresos mínimos para que en caso de que estos no fueran los esperados, pagara al Concesionario la diferencia. La garantía operaría para los diez primeros años.
«Los estudios de conveniencia técnicos y financieros no se soportaron en la realidad. Omitieron el número de parqueaderos abiertos al público, la capacidad en cupos de estacionamiento, los porcentajes de ocupación y los horarios y tarifas. El contratista fue irresponsable al afirmar que se requerían para ese momento (año 1998) 2.296 cupos hora, cuando ni siquiera el informe contempla la ocupación real de la infraestructura», asegura la Personería.
Para la Personería resulta inadmisible que pasados diez años, el IDU con pleno conocimiento de causa no haya adoptado los correctivos que pongan fin al detrimento patrimonial y que la interventoría del contrato sea casi nula. «No ha asumido la defensa de los intereses del Distrito; se limita a registrar movimientos contables, sin sentar una posición clara sobre la conveniencia de mantener estas concesiones o en su defecto ponerles fin ante los perjuicios económicos que están causando a las arcas distritales».
En este sentido agrega que «la única actuación emprendida por el IDU ha sido la presentación de una acción popular, que había sido rechazada por el Juzgado 35 Administrativo del Circuito de Bogotá. Esta iniciativa desde la óptica del ente de control no es la adecuada, ya que lo que se requiere es una demanda que logre la nulidad del contrato».
De continuar con la cláusula de ingresos mínimos garantizados en los contratos, el Distrito deberá destinar como mínimo $71.000 millones para cubrir en los próximos diez años sus obligaciones y ubicaría la concesión como la mejor pagada de este siglo en Bogotá. Por esto la Personería solicitó al IDU que de manera inmediata replantee los términos del contrato con equidad o evite su prórroga.
Al parecer, para la construcción de los cuatro parqueaderos se invirtieron cerca de $21.000 millones. El IDU aportó $794 millones y los concesionarios aportaron $1.000 millones cada uno. Los demás recursos provinieron de entidades crediticias.